MADRID. El curso político arranca hoy en Madrid con varias asignaturas pendientes para el gabinete de Mariano Rajoy y los socios del euro son unos evaluadores muy exigentes. Entre las cuestiones que han quedado en el tintero del verano, la más espinosa e inmediata es la reforma de las pensiones, que estarán ligadas a partir de ahora al mecanismo de ajuste en función de la esperanza de vida, el factor de sostenibilidad. El Gobierno español tenía la intención de presentar el nuevo esquema de las jubilaciones antes del verano, pero la falta de apoyos le hizo cambiar los planes. Ahora, la ministra Fátima Báñez retoma el diálogo para buscar respaldos y lo hace a partir de hoy en una ronda que inicia con los agentes sociales.

Los máximos dirigentes de los sindicatos y las patronales están citados esta tarde en el Ministerio de Empleo, donde además conocerán de primera mano la cláusula de revalorización con la que se evitará que se congelen las pensiones. Este mecanismo es, junto a la posibilidad de que no entre en vigor hasta 2019 el factor de sostenibilidad, el gancho con el que el Gobierno del PP busca atraer a los agentes sociales a la nueva reforma del sueldo de los jubilados. Se suaviza ligeramente la reforma para conseguirlo.

También será el único señuelo que podrá mostrar a los partidos de la oposición cuando se reúna con ellos. No hay más margen para alegrías, porque la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional presionan para que se modifique el sistema de pensiones en una dirección concreta: reducir el gasto público en jubilaciones. De hecho, todavía no han valorado la cláusula de revalorización -que es contraria a la opinión del comité de sabios que elaboró el borrador de la reforma- y es posible que se opongan a ella.

calendario de aprobación El primer asalto de la negociación se presenta en cualquier caso tenso por la previsible oposición de las centrales sindicales. Báñez se reunirá con los interlocutores sociales a las 17:00 horas, en una cita que marca el inicio del proceso de diálogo previo para la futura reforma de las pensiones. Los plazos están fijados y el Ejecutivo central no tiene ninguna intención de desviarse de la cronometría, de modo que el proyecto de ley se registrará en las Cortes antes de que acabe este mes para su aprobación este mismo año.

No necesita sumar votos el PP para su aprobación, pero tampoco quiere plasmar su soledad en un asunto que afecta a todos los ciudadanos. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, reconoció implícitamente el pasado viernes en el primer consejo de ministros del curso que el Ministerio estaría dispuesto a hacer concesiones para buscar la "máxima participación" de los agentes sociales. No lo tendrá fácil.

Casi con total seguridad, Fátima Báñez tendrá una vez más enfrente a Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) y Cándido Méndez (UGT), que se opondrán a un nuevo recorte en las jubilaciones. Y en el extremo opuesto Joan Rosell (CEOE) y Jesus Terciado (Cepyme) plantearán que se aceleren los plazos de entrada en vigor de un modelo que consideran más sostenible que el actual.

La propuesta del comité de expertos gira en torno a dos fórmulas: el Factor de Revalorización Anual (FRA) y el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI). A efectos prácticos, el FRA será el freno que impedirá que las pensiones se revaloricen en función del IPC como ocurría hasta ahora, pero también evitará que bajen. En el futuro, las pensiones solo aumentarán si los ingresos del sistema son mayores que la tasa de crecimiento del número de pensionistas. El FEI, por su parte, ajustará la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de cada momento. Así, será posible que un trabajador retirado cobre menos que un compañero de empresa jubilado poco antes en las mismas condiciones. Una vez fijada la prestación no habrá recortes durante los años que se perciba.

Los sabios consideran que ambos mecanismos deben entrar en vigor lo antes posible y, en cualquier caso, antes de 2019, pero el Gobierno del PP ha dejado la puerta abierta a retrasarlos hasta ese año, cuando habrá concluido la primera fase del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.

El informe que presentaron a primeros de junio los expertos en pensiones contó con el voto en contra y la abstención de dos de ellos, que rechazaron su entrada en vigor inmediata y pidieron retrasarla al menos hasta 2030.

El Gobierno de Rajoy asegura que el nuevo mecanismo no supondrá una rebaja general de las pensiones e incluso dice que subirán a medio y largo plazo. Sin embargo, los sindicatos rechazan una nueva reforma de las jubilaciones cuando todavía no se conocen los efectos de la que entró en vigor el pasado enero.

La patronal considera en cambio que el debate sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones debe centrarse en los plazos y pide que se aplique lo antes posible. Añade además otras cuestiones, como el cálculo de la jubilación a partir de toda la vida laboral.