MADRID. Las Empresas de Trabajo Temporal, las conocidas como ETT, recibirán a partir de ahora dinero del Estado si denuncian a un parado que esté incumpliendo con sus obligaciones. Es una de las medidas que el Ejecutivo de Rajoy ha acordado en el marco del acuerdo de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo donde, además, se pagará a las ETT por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
En concreto, las agencias privadas cobrarán hasta el 15% de la ayuda que recibirían por la reinserción del parado (entre 300 y 3.000 euros, dependiendo del caso) cuando se demuestre que las irregularidades sean ciertas. Una cantidad que se pagará aunque la agencia no le haya conseguido un empleo.
Según explican desde el ministerio, si una agencia de colocación notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador.
Además las ETT recibirán un incentivo por encontrar trabajo a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social. En este caso los precios máximos unitarios de licitación (IVA incluido) oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados.
las condiciones La cuantía por inserción se cobrará siempre que las personas colocadas en el mercado laboral estén contratadas por un plazo equivalente a, al menos, seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses.
En el caso de contratos fijos discontinuos, la duración mínima requerida es de seis meses a tiempo completo en el periodo de un año. La cantidad a pagar podrá ser menor si la inserción se producen mediante contratos a tiempo parcial.
Las agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el viernes 30 de agosto para solicitar su participación en este acuerdo marco, con el que se seleccionarán aquellas agencias de colocación que podrán colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción laboral de los parados.
Las agencias de contratación privadas designadas se harán cargo de un determinado grupo de parados, a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo, y entre sus obligaciones estará también la de regular mecanismos de comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo marco con las ETT, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.