BILBAO. El Gobierno español está en la lista negra de morosos de los proveedores, a pesar de que promete mano dura a las comunidades que se retrasen en el pago de servicios y obras contratados a empresas ajenas al sector público. Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, la Administración General del Estado tardó una media de 58 días en pagar a sus proveedores en el primer trimestre del año. El Gabinete de Rajoy prácticamente duplica el plazo máximo de 30 días fijado para este año por la ley que establece las medidas de la lucha contra la morosidad de las administraciones.

Esos casi dos meses de demora en el pago de contratos públicos son el reflejo de una media con grandes dientes de sierra y el peor pagador es el Ministerio de Interior, que tarda en pagar hasta 88 días a algunos de sus proveedores de bienes y servicios. La estadística mejora en el caso del pago de obras, cuyo plazo medio de abono se sitúa en 38 días, solo ocho por encima del límite, de modo el plazo medio de pago del total de las facturas se sitúa en los 42 días. Las limitaciones presupuestarias hacen que sea habitual este grado de incumplimiento.

De hecho el problema se está agravando. En lo que concierne al pago de proveedores la demora actual -58 días- es incluso superior a la registrada durante 2012, cuando se situó en una media de 47,5 días. Para ese jercicio el tope máximo de pago era de 40 días. El Gobierno español tenía obligaciones de pago de 979 millones de euros en el primer trimestre. De ellos, 200 millones se adeudaban a proveedores, que en algunos casos no habían cobrado el 31 de mayo. La deuda a proveedores ascendía a esa fecha a más de 544.000 euros.

Con todo el Estado no es ni de lejos el que peor cumple. Según un estudio realizado en mayo por la Federación de Autónomos ATA, las administraciones autonómicas pagan en un plazo de 145 días, mientras que los ayuntamientos lo hacen en 157 días. Euskadi está en la zona noble del ránking ya que tanto la CAV como Nafarroa pagan en 38 días. La Ley de Morosidad pública está a pesar de todo reduciendo los plazos de pago, si bien a un ritmo inferior del marcado por la norma. Así, la media del conjunto de administraciones del Estado ha bajado este año hasta los 89 días frente a los 95 con los que se cerró 2012.

La publicación del informe trimestral del pagos del Ejecutivo español coincide en el tiempo con el último abono de las facturas pendientes de comunidades y ayuntamientos. El Estado pagó la semana pasada facturas por valor de 1.142 millones a proveedores de las regiones y ayuntamientos de régimen común.

Un obrero trabaja en una reforma de un edificio público. Foto: AFP