bilbao. A unos días para que Euskadi afronte una nueva huelga general, el debate sobre la necesidad de llevar a cabo un día de paro regresa a las empresas. En muchos centros de trabajo el debate se produce por octava vez en esta crisis -el número de huelgas generales convocadas desde 2009- pero en otros el 30-M es una jornada más en la dinámica de protestas. La conflictividad laboral se ha disparado en las empresas vascas en este inicio de 2013 de manera que, descontando las convocatorias generales, el número de jornadas no trabajadas por huelgas se ha triplicado en relación al año pasado.

El motivo principal que lleva a los trabajadores a parar es la negociación del convenio, en muchos casos bloqueada, y es previsible que la conflictividad continúe aumentando a medida que se acerque el 7 de julio si los agentes sociales vascos no acuerdan una solución a la negociación colectiva, de hecho ya hay sobre la mesa una posible huelga de cinco días en el sector del metal. En el primer trimestre de 2013 en la CAV se han perdido algo más de 36.000 jornadas laborales, en un total de 98 conflictos en los que han participado 6.500 trabajadores, según datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL).

En el mismo periodo de 2012, se dejaron de trabajar un total de 10.175 jornadas, lo que implica menos de la tercera parte que este año. Eso sí, hay que tener en cuenta que en este registro no entra ni la huelga general del 29 de marzo de 2012 ni la huelga del sector público del 9 de febrero, por falta de datos. En cualquier caso, la comparativa sirve como muestra del ambiente que se vive en las empresas dado que en los tres primeros meses de este año no ha habido grandes convocatorias generales.

Entre enero y marzo del año pasado se produjeron 88 huelgas en la CAV en las que participaron más de 4.000 trabajadores. Ninguna de las dos cifras es mucho más baja que las de este año, sin embargo el total de jornadas perdidas se dispara. El bloqueo de los convenios ha incrementado el número de conflictos pero, sobre todo, estos son de más días de duración.

Hay que retroceder hasta 2010 para encontrar un año con más conflictividad laboral en la CAV. En concreto, en el primer trimestre de ese año se perdieron un total de 53.000 jornadas, y en el inicio de 2009 más de 49.000, coincidiendo con las primeras embestidas de la crisis y con cifras muy elevadas en cuanto a despidos y otro tipo de medidas de regulación de empleo.

La huelga general del 30 de mayo, convocada por ELA y LAB junto a otros sindicatos y organismos sociales, llega en pleno segundo torbellino de conflictividad de la crisis. Quizá temiendo que la cosa vaya a más debido a que el problema del 7 de julio sigue sin resolverse, las patronales redoblan esfuerzos en convencer de que las huelgas perjudican a la economía y a la sociedad. Los sindicatos convocantes, por su parte, piden otro pequeño sacrificio a los trabajadores conscientes de lo que se juegan en una movilización de este calado. Las preguntas que surgen a muchos trabajadores son: ¿Puedo permitirme perder un día de sueldo -a un salario medio de la CAV de 26.000 euros brutos le equivalen algo más de 70 euros por jornada perdida-? ¿Cambiará algo la huelga?

Joaquín Arriola, profesor de Economía de la UPV/EHU, recuerda que los ajustes durante la crisis, especialmente la reforma laboral, han llevado a la pérdida de 160.000 empleos en Euskadi, "además del deterioro de los servicios públicos y las prestaciones sociales". "Todo ello, sin que el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas se haya reducido un ápice. Razones para la protesta desde luego no faltan", dice Arriola.

"La huelga general es un instrumento importante en la movilización de los trabajadores", opina el economista, que no obstante advierte de que este mecanismo de presión "se devalúa notablemente si no tiene éxito". En otras palabras, los sindicatos gastan muchas balas en una convocatoria que, de no contar con el respaldo suficiente, puede suponer un duro revés. "La falta de unidad sindical y la dispersión de objetivos no son las mejores condiciones para una convocatoria de este tipo", opina Arriola.

Las organizaciones empresariales advierten de que la situación de la economía es muy delicada y que un día con la actividad paralizada empeorará las cosas. Sobre las llamadas de gobiernos y patronales a los sindicatos a arrimar el hombro, Arriola considera que "el problema es que no está claro que todos los sectores sociales coincidan hacia qué lado hay que remar". "Las familias quieren protección social, los desempleados quieren un puesto de trabajo y los acreedores quieren cobrar las deudas. Por ahora, los gobiernos reman hacia satisfacer a estos últimos por encima de todos los demás. Es muy difícil poner a todos de acuerdo", remacha.

impacto "relativo" Josetxo Hernández, dirigente de ASLE, indica que la incidencia de la huelga del día 30 sobre la economía "va a ser relativa". "Con la carga de trabajo tan baja, el empresario directamente borra ese día del calendario. Afectará en mayor medida al comercio si hay piquetes", apunta. "Las últimas huelgas generales han aportado poco a la sociedad. Es normal que la gente perciba que se está atentando contra sus derechos y puede entender los motivos de la convocatoria, pero vivimos anclados en un modelo de sociedad antiguo. Hablar de unas relaciones laborales de enfrentamiento aporta poco, hay que avanzar hacia un modelo de empresa participada por los trabajadores", dice Hernández.

Francisco Letamendia, Ortzi, profesor de Ciencias Políticas de la UPV y experto en relaciones laborales, se muestra favorable a la huelga general y se remite a los mismos motivos que provocaron las anteriores huelgas convocadas por la mayoría sindical vasca. "Los ataques no han cesado. La reforma laboral, que es una auténtica brutalidad, sigue en vigor. Los trabajadores demandan esta convocatoria", dice Letamendia, que tiene claro que las huelgas generales "sí sirven para cambiar las políticas".

Las centrales convocantes afrontan esta semana el último sprint entre asamblea y asamblea para tratar de recabar los máximos apoyos posibles. En un principio el 30-M, la primera huelga general a la que se enfrenta el Gobierno de Iñigo Urkullu, cuenta con el hándicap, ya casi costumbre, de la división sindical de Euskadi. Se trata de la octava movilización de estas características desde 2009, la sexta que convocan ELA y LAB.

De todas éstas, solo la del 29 de marzo contó con el respaldo de las cuatro grandes centrales vascas, un hecho que se tradujo en un fuerte aumento del seguimiento. CCOO y UGT de Euskadi no convocan en esta ocasión porque entienden que antes de una huelga deben agotar las opciones de lograr un acuerdo para renovar los convenios.

Protesta de los trabajadores de gasolineras de Bizkaia, que llegaron a un acuerdo tras más de un mes de huelga. Foto: josé mari martínez