MADRID. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunció ayer que el informe sobre el factor de sostenibilidad, por el que se irán adecuando las pensiones a la esperanza de vida en cada momento, se tramitará como proyecto de ley. El Gobierno del PP ha puesto en marcha varias de sus iniciativas más controvertidas a través de decreto, sin tramitación parlamentaria.

No tiene intención de hacerlo en el nuevo giro de tuerca a las pensiones: la puesta en marcha de un mecanismo que bajará el salario de los jubilados en el momento en el que se detecte un aumento de la esperanza de vida. Es una exigencia de Bruselas que el Estado ha dejado para el final. Un tema delicado que evaluará una comisión de expertos nombrada por el propio Ejecutivo español y en el que se busca el máximo consenso. De ahí que se hay dejado a un lado de la cuneta el rodillo del decreto, si bien es un gesto más estético que efectivo, ya que el PP cuenta con mayoría absoluta para aprobará cualquier cambio en las Cortes.

La ministra, que asistió a la clausura del 41 Congreso Confederal de UGT, explicó a los medios de comunicación las intenciones del Ejecutivo, y afirmó que "desea" que la reforma se haga con el mayor consenso cuando termine el trabajo de los expertos a final de mayo.

Una vez hecho el informe, se iniciará el debate parlamentario con los agentes sociales y después irá como proyecto de ley a las Cortes para que se siga debatiendo, explicó la ministra.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes la creación del Comité de expertos encargado de elaborar el informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones. Este foro estará integrado por 12 miembros -de los que el Gobierno destaca su independencia- y estará presidido por el doctor en Sociología, Derecho y Ciencias Políticas, Víctor Pérez Díaz. El informe que elaborará este Comité de Expertos será remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, y pasará posteriormente por el Congreso y el Senado.

El factor de sostenibilidad ya se ha implantado en otros estados de la Unión Europea, aunque de forma "muy diferente", según Madrid, en cada uno de ellos.