El vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, no quiso mostrar sus cartas el pasado miércoles, en la presentación del informe sobre desequilibrios macroeconómicos que tan mal parada deja de nuevo a España, y ayer tampoco lo hizo su colega Jeroen Dijjselbloem. El titular de finanzas holandés y presidente del Eurogrupo no aclaró si darán dos años más de plazo al Gobierno español para cumplir con los objetivos de déficit público y replicó que, si hay petición, los ministros de economía y finanzas de la UE la estudiarán. El Ejecutivo español aspira a convencer a sus socios y obtener una prórroga que le permita cerrar el ejercicio 2013 con un desvío de entre el 5,5 y el 6% del PIB, frente al 4,5% pactado para este año. "Por el momento, no hay ninguna petición para relajar los procedimientos por déficit excesivo y, si la hubiera, sería discutida y decidida en el Ecofin", respondió ayer Dijjselbloem, durante la rueda de prensa celebrada tras el Eurogrupo, a la pregunta de si darán dos años más de margen al Ejecutivo español para situar el déficit público por debajo del 3% del PIB que fija como límite el pacto de estabilidad y crecimiento. "No hay novedades respecto al miércoles", añadió su colega Rehn, que remitió a las previsiones económicas de primavera, que presentará a principios de mayo, para evaluar la situación de los socios europeos y determinar si España ha adoptado las medidas adecuadas para corregir el desvío. "Haremos recomendaciones como muy tarde el 29 de mayo y, como ya he dicho, nos centraremos en la sostenibilidad estructural de las finanzas públicas a medio plazo, respaldada por reformas estructurales, y no solo en los objetivos nominales", avanzó. De las palabras de Rehn se desprende que la Comisión Europea no quiere comprometerse públicamente hasta conocer de forma oficial el plan de reformas que diseña el Gobierno de Mariano Rajoy y que dará a conocer el próximo 26 de abril. Un plan que deberá incluir, según pidió el pasado miércoles la Comisión, cambios adicionales en materia laboral y de pensiones, liberalización de productos y servicios, más apoyo a la internacionalización de las empresas, y una reforma de la fiscalidad. Aunque oficialmente no hay petición, hace meses que las autoridades españolas defienden que los esfuerzos realizados en el último año no tienen parangón. Por eso, confían en que tanto la Comisión Europea como sus socios del euro aceptarán finalmente levantar el pie del acelerador y relajar las exigencias. El Gobierno del PP aspira a situar 2016 como fecha límite para reducir el déficit por debajo del 3%.
