Bilbao. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado, tras el Debate sobre el estado de la Nación, una serie de propuestas de resolución relativas a avanzar en la protección del Estado del Bienestar y que comprenden medidas relativas a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Así, el Grupo Popular considera que, con el fin de garantizar la solvencia del sistema de pensiones, tanto a corto como a largo plazo, es preciso incorporar un conjunto de modificaciones adicionales a la vigente normativa.

Por ello, ha instado Gobierno español a "acercar la edad real a la edad legal de jubilación mediante medidas que desincentiven la retirada anticipada del mercado laboral y favorezcan nuevos incentivos a la continuidad en la actividad".

Con ello, quiere resolver la problemática que se está creando por el aumento brutal del paro que ha reducido el número de cotizantes en relación al de pensionistas. En Euskadi, entre la CAV y Nafarroa, hay 637.400 pensionistas cuando el número de personas ocupadas trabajando ha bajado hasta solo 1.113.600, lo que deja un ratio entre jubilados y personas activas con empleo insostenible a medio plazo.

En el caso del Estado español, el número de pensionistas en el Estado ha superado este año, por primera vez, la barrera de los nueve millones de personas, lo que supone que la Seguridad Social tuvo que destinar en el pasado mes de enero nada menos que 7.653 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2012, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El problema de combinar nueve millones de pensionistas con los casi seis millones de personas en paro -según los datos de la EPA hechos públicos días pasados por el Instituto Nacional de Estadística - hace que un total de quince millones de personas en el Estado español tengan que ser sostenidas por las contribuciones de los menos de diecisiete millones de personas que están ocupadas trabajando. Una relación entre ocupados y clases pasivas insostenible en el tiempo. De ahí la preocupación del Gobierno Rajoy por la sostenibilidad del sistema de pensiones en una coyuntura económica tan adversa, que hizo que el pasado año el Ejecutivo del PP tuviese que echar mano de los fondos de la reserva de la Seguridad Social.