bruselas. Hasta ahora cada gobierno europeo dibujaba sus presupuestos generales más o menos como quería. Había control de Bruselas pero siempre a posteriori. A partir del próximo ejercicio de 2014 la Comisión Europea tendrá poder para revisar el proyecto presupuestario de cada Estado miembro antes de que sea debatido en los parlamentos nacionales e incluso exigir cambios en el caso de los países rescatados y sometidos a una vigilancia especial. El acuerdo, cerrado ayer por Consejo, Comisión y Eurocámara tras casi un año de negociaciones, refuerza el papel del Ejecutivo comunitario y de su comisario de asuntos económicos, Olli Rehn.

A su dirección general los socios europeos tendrán que remitir en otoño de cada año el proyecto de presupuestos del siguiente ejercicio. La Comisión evaluará y podrá pedir cambios si considera que hay desvíos importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal pactados. Si el Estado en cuestión no cumple con lo recomendado Bruselas podrá remitir un dictamen de opinión al Eurogrupo. Otra de las novedades de la nueva reglamentación es que el Ejecutivo tendrá capacidad para proponer la intervención cuando la situación financiera de un determinado país suponga un riesgo para la estabilidad de la Eurozona. Una medida que permitirá esquivar las reticencias de países que durante meses se negaron a ser rescatados como Portugal.

El último trámite ahora es el visto bueno del Consejo de ministros de la UE y del pleno del Parlamento Europeo a donde llegará, según anunciaron ayer los negociadores, durante la segunda quincena de marzo. "Si estas reglas hubieran estado en marcha hace tres años hubiéramos evitado los problemas que algunos países están padeciendo y que amenazan a toda la Eurozona", advirtió ayer el eurodiputado francés Jean Paul Gauzès. La Eurocámara ha conseguido incluir varias enmiendas que señalan que los presupuestos no deben elaborarse a costa del crecimiento y las inversiones. El texto aprobado recuerda que si a un país se le exigen recortes se deberán hacer sin perjudicar las inversiones en educación y sanidad.