andrés zearreta
VICECONSEJERO DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO
"No estamos pensando en amortizar plazas ni en tocar el salario de los funcionarios"
Andrés Zearreta se sienta este jueves con los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública para tratar de acordar en materia de jornada laboral semanal y 'moscosos' en un peliagudo contexto de 1.200 millones de euros menos disponibles para el Gobierno Vasco.
HUMBERTO UNZUETa
Vitoria. El nuevo jefe de los casi 70.000 funcionarios de la Administración pública vasca es un psicólogo busturiarra especializado en la gestión de recursos humanos. En este tipo de tareas ha pasado por los hospitales de Basurto y Cruces y el Instituto Médico Quirúrgico (IMQ), por lo que conoce de primera mano el gremio de los funcionarios. El jueves encara con los sindicatos la negociación sobre varios aspectos laborales de los empleados públicos pendientes de resolver.
¿Van a subir la jornada laboral de 35 horas a 37,5 semanales?
Es una de las cuestiones principales que abordaremos en la reunión de la mesa general el próximo jueves. Esta Administración no va a ese encuentro con una decisión tomada. Vamos a dialogar e intentar buscar un consenso, porque entendemos que hay margen para hacer cosas. Otra cuestión es que al final haya que adoptar una determinada decisión obligados por la situación económica y los 1.200 millones menos que tenemos para gastar.
¿Tiene el Gobierno Vasco margen para la negociación al tratarse de una normativa básica aprobada por Madrid y, por tanto, de obligado cumplimiento?
Tenemos la obligación de buscar fórmulas que se adapten a nuestra realidad, cumpliendo los condicionantes económicos y legales. Subrayo que se adapten a nuestra realidad en cuanto a la manera que tenemos de hacer las cosas y de organizarnos. Tenemos que encontrar un margen de maniobra y esta Administración se va a empeñar en ello.
¿Algunos sindicatos ya han adelantado que no están dispuestos a aceptar los decretos de Madrid y piden la desobediencia?
Plantear escenarios de desobediencia nos colocaría fuera de cualquier marco de actuación normalizado y democrático, que además no garantizaría seguridad jurídica a los trabajadores. Tenemos que buscar entre todos otras fórmulas para buscar soluciones reales a los problemas existentes. Si vamos a una mesa general porque tenemos que negociar, estamos obligados todos a hablar y llegar a un entendimiento en torno a la jornada laboral, los moscosos o la incapacidad temporal. Nosotros, pero también los sindicatos, tenemos que ser responsables ante la sociedad y sentarnos para buscar acuerdos, sin posturas maximalistas.
¿Cómo va a quedar la normativa que regula la situación de los 'moscosos'?
Es otro de los puntos a tratar con los sindicatos y, por tanto, sujeto a la negociación. La situación es transitoria y, de momento, se da continuidad a lo aprobado por el Gobierno anterior, que establece un máximo de tres días de libre disposición en vez de seis como hasta ahora. En cualquier caso, hay que decir que entre lo que hemos heredado del anterior Gobierno Vasco se encuentran una serie de medidas de recorte del gasto. En este momento el lehendakari ha establecido fórmulas para que lo realizado anteriormente tenga una continuidad hasta que tomemos nuestras decisiones, que vendrán cuando se aprueben los Presupuestos de la CAV. Será entonces cuando este Gobierno se moje y presente sus propuestas también en Función Pública. Mientras tanto, tenemos que buscar márgenes para buscar satisfacción a las necesidades de los trabajadores públicos.
¿Se va a recortar personal laboral en la Función Pública?
El lehendakari ha sido claro y ya ha dicho que el recorte iba a afectar a los altos cargos en un volumen del 20%, pero no al resto de la plantilla de la Administración. Ésa es la directriz con la que esta viceconsejería está trabajando.
¿Y cómo piensa cuadrar las cuentas sin tocar al empleo público?
Vuelvo a remitirme a lo expresado públicamente por el lehendakari, que dijo que los servicios básicos se van a mantener. Cuando hablamos de la Función Pública, casi la mitad de los funcionarios, unos 30.000, son de Osakidetza. Además, está Educación, con 24.000 empleados públicos, y la Ertzaintza, otros 8.000. Las personas de esta administración trabajan fundamentalmente en los ámbitos en los que este Gobierno quiere mantener el empleo y la calidad de los servicios esenciales.
¿Esto se puede ajustar vía amortización de puestos de trabajo?
A fecha de hoy no estamos pensando en amortizar plazas, porque el compromiso no es reducir personal, sino preservarlo.
¿Y cómo se van a articular las sustituciones para cubrir vacantes?
Si queremos mantener la calidad de esos servicios tenemos que hacer sustituciones cuando se produzcan vacantes en Osakidetza, Educación o Ertzaintza. Tenemos que ralentizar la pérdida de empleo y buscar medidas para generar empleo. Posibilidades las hay.
¿Descartan convocar OPE a lo largo de la legislatura?
En este momento estamos en un marco que limita la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo. Tampoco podemos obviar que la Administración pública va generando una serie de bajas vegetativas que habrá que ir cubriendo. Ese escenario a corto plazo no es factible que se mueva, pero sí a medio plazo.
¿Los funcionarios van a sufrir algún tipo de recorte o congelación de su salario?
El Gobierno Vasco ya decidió que el salario de los trabajadores públicos en 2013 se iba a mantener en los mismos niveles de 2012. Ésa es una decisión ya tomada que afecta a un colectivo importante. Pese a la imagen negativa creada sobre el personal funcionario laboral, hay que decir claro que han hecho un esfuerzo, lo están haciendo y es posible que les tengamos que pedir algún esfuerzo más. Pero en lo económico, al margen de la congelación, no creo que se vaya a tocar su salario.
Catalunya va a volver a eliminar a sus funcionarios una paga extra de este año. ¿Los funcionarios vascos pueden estar tranquilos?
Esta Administración no está contemplando tomar una decisión de este tipo.
¿Espera que venga un nuevo un decreto de este tipo desde Madrid?
No lo sé y no depende de nosotros. En cualquier caso, nuestro empeño está dirigido a lograr que nos movamos en un marco propio y que tomemos nuestras propias decisiones en función de nuestras necesidades.
¿Cómo les ha condicionado la herencia que les ha dejado el anterior Gobierno Vasco?
La situación económica ya venía siendo difícil en los años anteriores, pero es innegable que el momento más duro de la crisis es este 2013. Hemos heredado las decisiones adoptadas por el anterior Ejecutivo y también su impacto en los trabajadores de la Administración. Nuestra reflexión tiene que dirigirse hacia el margen de maniobra que tenemos para ayudar al colectivo de funcionarios.
Entre los funcionarios se ha instalado una sensación de que son los principales paganos de la situación.
Es posible que haya trabajadores de la Administración con ese sentimiento, pero tienen que ser conscientes de cuál es la situación social actual. En 2012 se han perdido en Euskadi 23.000 puestos de trabajo. Todos sabemos que en algún hogar alguien ha dejado de trabajar, con una familia y un entorno. Sabemos que hay unas 60.000 personas que están cobrando la ayuda del RGI. Los funcionarios son conscientes de esta dramática realidad y saben que ellos tienen una plaza fija en la que desarrollar su trabajo de manera competente y eficaz, como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Andrés Zearreta, en las instalaciones de Lakua, durante la entrevista. Foto: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ
"La desobediencia nos situaría fuera de todo marco normalizado y no daría seguridad jurídica a los funcionarios"