madrid. Doce meses, dos huelgas generales y 850.500 puestos de trabajo destruidos después -más de 77.000 en la CAV y Nafarroa-, la reforma laboral del Gobierno del PP sigue sin dar los frutos deseados cuando se cumple el primer aniversario. Sobre todo porque esa destrucción de puestos de trabajo incide en que el número de desempleados no deja de crecer. Según el Instituto Nacional de Estadística, España cerró 2012 al borde de los seis millones de parados, tras sumar casi 700.000 desempleados en el año, y el Estado tiene ya una tasa de desempleo del 26%. La CAV cerró 2012 con 162.800 parados, tras sumar 29.300 desempleados, siempre según esa Encuesta de Población Activa.

"El objetivo a corto plazo es frenar la sangría de destrucción de empleo" afirmó hace un año la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al presentar la normativa, uno de las grandes "reformas estructurales" que había prometido Rajoy. Desde entonces Báñez ha pronunciado algunas frases controvertidas, como cuando invocó como aliada a la virgen del Rocío para salir de la crisis, el pasado verano. Una de sus últimas salidas de tono la protagonizó al valorar el año de vigencia de la reforma laboral, ya que en su opinión la nueva normativa está "frenando el ritmo" de pérdida de empleos, pese a las frías cifras. "Mes a mes está siendo una realidad", dijo hace un par de semanas para añadir que "lo que no puede hacer ninguna reforma laboral es pretender crear empleo en una recesión como esta". Cerrando filas en pro de la normativa que ella ha capitaneado señaló que, pese a la "magnitud" de las cifras del paro, "algo está cambiando en el mercado laboral".

La realidad es que la reforma nació con el objetivo de evitar las pérdidas de empleos, fomentar la contratación indefinida y reducir los contratos temporales. El resultado es que un año después, además de esa pérdida de 850.500 empleos, el 92% de los contratos creados han sido temporales. Muchas empresas se han valido de la reforma para anunciar expedientes de regulación de empleo y, pese a que en teoría debían impulsarse los de suspensión frente a los de rescisión, la realidad es que ambas modalidades han visto crecer sus expedientes.

Incluso empresas con beneficios han utilizado la reforma para mejorar sus balances. La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación con los ERE era precisamente la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

Entre otras medidas destacables, la reforma abarató el despido. La indemnización por despido improcedente, pasó de 45 días de salario por año, con un máximo de 42 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 mensualidades, y además se facilitó un despido procedente pagado con 20 días por año con un tope de 12 pagas: para ello basta que una compañía tenga pérdidas o las prevea, o bien una caída de ventas tres trimestres seguidos.

La reforma que fue aprobada vía decretazo es la octava que aprueba un Gobierno español desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980.