BARCELONA. De esta forma, la Generalitat ha salido al paso de la decisión del Gobierno, anunciada la semana pasada, de crear un impuesto estatal del 0 % sobre los depósitos en los bancos.
El Gobierno pretendía con ello evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia, como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía, mientras que el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha justificado este nuevo tributo para "blindar este espacio fiscal" ante una "maniobra fea" como la del Gobierno, al que la Generalitat acusa de cerrarle el paso a cualquier vía para obtener ingresos.
El gobierno catalán ha adoptado esta medida en un momento en el que además CiU negocia con ERC un acuerdo de gobernabilidad en Cataluña que ya incluía la medida aprobada hoy, una cuestión que guarda "relación", según ha admitido Homs en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
La semana pasada el Govern ya acusó al Gobierno español de "sabotaje legal" a sus ingresos al llevar el euro por receta al Tribunal Constitucional, una medida con la que el ejecutivo catalán buscaba reducir el déficit público.
Homs ha asegurado que como la medida del Gobierno español se anunció pero aún no está aprobada, el Govern tiene un mes de margen para convalidar el decreto sobre los depósitos bancarios en el Parlamento catalán y mantener así su margen competencial sobre este asunto.
"Formalmente esta normativa (española) no existe y esto nos permite anticiparnos", ha argumentado Homs, que ha insistido en acusar al Gobierno de intentar "neutralizar" la creación de un tributo de estas características.
Ha precisado para asegurar su aplicación el gobierno catalán usará la misma "técnica" retroactiva que el Gobierno y empezará a aplicar este tributo "el 30 de noviembre", aunque convalide el decreto más adelante.
El portavoz del Govern ha asegurado que este tributo se aplicará a las entidades de crédito que operen en Cataluña, aunque no ha sabido precisar la letra pequeña del impuesto.
Preguntado por si prevé fuga de depósitos a otras comunidades, ha remarcado que las personas no son el sujeto de este impuesto, sino las entidades financieras.
Sí que ha admitido que el gobierno catalán ha decidido crear este impuesto después de las conversaciones entre CiU y ERC para sellar un acuerdo de legislatura, dado que los republicanos exigen nuevos impuestos y tasas para reducir al máximo el nivel de recortes en 2013, cuando la Generalitat deberá cerrar el ejercicio con un déficit del 0,7 % del PIB.
Se tratará de un tributo propio que grava los depósitos efectuados por los clientes a las entidades de crédito, "por cualquier negocio y variedad jurídica, siempre que comporten la obligación de restitución", asegura la nota que informa de este acuerdo tomado en la sesión de hoy del gobierno catalán en funciones.
Esta nota añade que "el impuesto tiene en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos, a pesar de que se han previsto unas bonificaciones para los casos de oficinas en núcleos de poca población y otras específicas para la aplicación de la obra social o el destino social de las operaciones de la entidad".
