madrid. El último tijeretazo de Mariano Rajoy a los pensionistas, que en el País Vasco se traduce en una pérdida de 554 euros en 2013, ha despertado las críticas de la mayoría de partidos de oposición y agentes sociales, hasta el punto de que la decisión será denunciada ante el Tribunal Constitucional. Tanto PSOE como Izquierda Unida anunciaron ayer que recurrirán a dicho tribunal, algo que también harán, a través de la Defensora del Pueblo, los sindicatos CCOO y UGT. "En mi opinión la no actualización de las pensiones es inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado porque las pensiones se actualizan día a día y no se puede decir a fin de año que no se actualizan", afirmó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien constató que hay "razones suficientes" para ir al Tribunal Constitucional y así lo hará su formación cuando tenga el dictamen jurídico que ya están elaborando.

El presidente del Gobierno manifestó el fin de semana que "la decisión de las pensiones la impone la realidad, no Bruselas" mientras que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dijo que la decisión es "estrictamente transitoria". Para Rubalcaba, sin embargo, el Gobierno ha engañado nuevamente a los pensionistas, especialmente a quienes votaron al PP en las elecciones vascas, gallegas y catalanas, celebradas antes de que Rajoy anunciara la no revalorización el pasado viernes para ahorrar 3.800 millones en 2013.

Asimismo, IU acusó al Ejecutivo español de tener "un problema de honestidad y decencia" al decidir no pagar a los jubilados la subida de precios, recordándole que hace un mes el PP votó lo contrario en el Congreso. El líder de la formación, Cayo Lara, explicó que tratará de recabar el apoyo de otras fuerzas políticas para sumar, al menos, los cincuenta diputados que se requieren para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el ajuste. El pasado viernes las críticas llovieron en cascada provenientes de todo el arco político, con lo que lo más probable es que más formaciones se sumen al recurso.

En el ámbito social, CCOO y UGT anunciaron ayer que volverán a acudir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interceda interponiendo un recurso de inconstitucionalidad esta vez contra la no revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Según indicó el secretario de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, en declaraciones a Europa Press, la decisión fue adoptada en la mañana del domingo y ya se está preparando el argumentario que será trasladado a la Defensora del Pueblo.

Lo mismo hará UGT, que anunció también que llevará a cabo una campaña de asesoramiento y apoyo a los pensionistas para que puedan reclamar de forma individual ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social que se les revalorice las pensiones en función de lo que han subido los precios en 2012 -un 2,9%, de lo que se les ha abonado un 1%-, en virtud del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. Los sindicatos no tienen competencia para presentar por sí mismos un recurso de inconstitucionalidad, por lo que han de recurrir a instancias como la Defensora del Pueblo para poder apelar a esta instancia.