Madrid. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el organismo internacional con sede en París que agrupa a la treintena de países más industrializados, ha publicado su informe sobre España con recetas que suponen más ajustes, sobre todo en materia de impuestos y regulación laboral, en especial con las indemnizaciones por despido.

El organismo que dirige el mexicano Ángel Gurría, que se entrevistó ayer con el presidente Rajoy y con el ministro de Economía, Luis de Guindos, aconseja entre otras medidas, que más productos y servicios tributen al tipo general de IVA (21%) y que se implanten más impuestos medioambientales, al tiempo que opina que el Gobierno central debería recuperar la competencia sobre una serie de impuestos como el de Patrimonio y el de Sucesiones. "En 2012 varios productos han elevado sus tipos de IVA. Sin embargo, otros se siguen beneficiando de gravámenes sustancialmente reducidos, y deberían moverse al general", afirma el informe, que señala en concreto los servicios turísticos y de transporte (del 10%) y "algunos productos de papel", en referencia a los libros, periódicos y revistas que siguen disfrutando del superreducido (4%). La OCDE aprecia que el sistema impositivo está demasiado dirigido hacia las rentas del trabajo, especialmente a unas cotizaciones a la Seguridad Social que a su juicio deberían reducirse, ya que son los tributos "más dañinos" para el crecimiento económico y el empleo. En lo que se refiere a los impuestos medioambientales, la OCDE recuerda que en España suponen un 1,5% del PIB, "considerablemente menos" que en otros sistemas fiscales europeos, en los que están en ocasiones por encima del 4%. Además, recomienda indemnizaciones más bajas para el despido improcedente (ahora de 33 días por año trabajado), un contrato único con compensación por despido creciente, la eliminación de la jubilación parcial y más control sobre el cobro del paro. Para la OCDE, la reforma laboral ha sido un "paso sustancial" en la dirección correcta, aunque apunta a la persistencia de desequilibrios como la brecha entre los empleados temporales y los indefinidos. Como solución para salvar la dualidad del mercado, propone avanzar hacia un contrato único con indemnizaciones por despido que vayan creciendo conforme al tiempo trabajado. No obstante, subraya que la negociación colectiva sigue siendo rígida y recomienda la supresión de la ultraactividad en los convenios sectoriales.

Respecto a las pensiones, la OCDE reconoce que la reforma de 2011 ha amortiguado el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población, al elevar a 67 años la edad legal de jubilación, a 37 años el periodo de cotización para cobrar la pensión completa y a 25 años el periodo para calcular la pensión. Sin embargo, cree que hay que profundizar en ella y propone eliminar cuanto antes la modalidad de jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema.

Por su parte, el ministro Luis de Guindos aseguró que el Gobierno "analizará con extrema atención" todas las recomendaciones de la OCDE, aunque afirmó que no piensan "tomar ninguna decisión más" al respecto.