MADRID. En su último informe económico sobre España, la OCDE señala que la reforma laboral ha sido un "paso sustancial" en la dirección correcta, aunque apunta a la persistencia de desequilibrios como la brecha entre los empleados temporales y los indefinidos.
En esta línea, destaca que la indemnización de 33 días por año trabajado fijada para los despidos improcedentes debería reducirse más, ya que sigue siendo alta en comparación con otros países.
Como solución para salvar la dualidad del mercado, propone avanzar hacia un contrato único con indemnizaciones por despido que vayan creciendo conforme al tiempo trabajado.
En materia de flexibilidad, la OCDE ve positivo que se haya potenciado el convenio de empresa y recortado el periodo de ultraactividad (prorroga automática de un convenio expirado) a un año.
No obstante, subraya que la negociación colectiva sigue siendo rígida y recomienda la supresión de la ultraactividad en los convenios sectoriales y que las empresas puedan participar en las negociaciones salariales sectoriales.
Asimismo, la OCDE muestra su preocupación por las altas tasas de desempleo juvenil y reclama una actuación inmediata con políticas activas dirigidas a los jóvenes más castigados por la crisis, los que tienen menor formación.
Al respecto, considera importante dar un impulso a las políticas activas de empleo a nivel regional y emplaza al Gobierno a corregir las altas tasas de abandono escolar a edades tempranas, para lo que sugiere que se facilite avanzar de curso reduciendo las competencias mínimas exigibles.
También recomienda profundizar en el sistema de formación dual que permita a los jóvenes adquirir experiencia profesional mientras se están formando, así como periodos más extensos para los contratos de formación.
De las bonificaciones a la contratación dice que deben ser un instrumento temporal para ayudar únicamente en momentos de actividad económica débil y sólo para jóvenes o colectivos especialmente desfavorecidos.
En lo que se refiere a la protección por desempleo, reclama controles más efectivos para que los parados que reciben la prestación busquen empleo de forma activa.
Respecto a las pensiones, la OCDE reconoce que la reforma de 2011 ha amortiguado el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población, al elevar a 67 años la edad legal de jubilación, a 37 años el periodo de cotización para cobrar la pensión completa y a 25 años el periodo para calcular la pensión.
Sin embargo, cree que hay que profundizar en ella y propone eliminar cuanto antes la modalidad de jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema.
El organismo cree que se podría ahorrar en las pensiones de viudedad a futuro, dada la alta participación de las mujeres más jóvenes en el mercado de trabajo, de tal forma que la prestación se concentre en los casos de necesidad.
Considera que no están suficientemente reconocidas las carreras de cotización más largas ni adecuadamente incentivada la prolongación de la vida laboral, por lo que aboga por requerir más años de cotización para obtener la pensión completa 37 y toda la historia laboral para calcular el importe de la pensión.
Por otra parte, la OCDE achaca el escaso crecimiento de la productividad a la "molesta" regulación de las relaciones laborales, a los altos costes administrativos para crear una empresa y a las barreras para ejercer servicios profesionales, entre otras cosas.
Además subraya la necesidad de que se acometan políticas que aseguren un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, y en particular del agua, "recurso escaso y usado de forma intensiva", razón por la que recomienda mayores subidas de precios que reflejen más adecuadamente su coste.
