VITORIA. Mala fe, poca transparencia, falta de confianza... En definitiva, más desconcierto en el entorno laboral de Laminaciones Arregui, que ayer volvió a quedar en evidencia tras la reunión prevista con la dirección, que se supone iba a servir para anunciar las condiciones del inminente ERE de suspensión que la empresa tiene previsto aplicar sobre sus plantas de Vitoria y Urbina. No hubo nada de eso. Ni mucho menos sustancia. Sólo una fecha, el próximo 4 de diciembre, en la que ambas partes se sentarán a negociar durante el preceptivo periodo de consultas, que durará quince días. "Es también una suposición porque ya no sabemos ni a qué atenernos con las artimañanas de la empresa", criticaba ayer el presidente del comité Nando Anguiano.

En este escenario, el conflicto sigue latente. Celsa se encargó de confirmarlo con una reunión en la que además de intentar "desmontar y suplantar" a los miembros del comité, según denunciaron éstos poco después, comunicó que el citado 4 de diciembre dará inicio al periodo de consultas. No hubo tiempo para más ni voluntad para hacerlo, a pesar de la insistencia de los trabajadores por conocer el alcance exacto del expediente.

Nota del comité En vista de la negativa, fue la pantilla quien tomó la iniciativa, redactando un comunicado de protesta contra la actitud de la directiva. "El conflicto de la empresa, desgraciadamente, sigue latente pese a la sentencia del TSJPV que dictaminó que todos los despidos por el ERE de extinción habían sido nulos y que por cierto ya ha sido recurida", señaló la nota. A continuación, recordó el comité que los trabajadores han pasado de una huelga indefinida de casi seis meses a paros de 24 horas como medida de "distensión" con la empresa y para propiciar un escenario "más adecuado" de cara a un posible proceso negociador que acabe con un conflicto que se está alargando "demasiado en el tiempo y creando mucho perjuicio tanto a la empresa como a los trabajadores".

35 meses sin convenio En esta línea justificó el comité los paros de los jueves como medida de presión hasta que se readmita a los 174 trabajadores que a día de hoy, y a pesar de tener una nulidad en el despido, no han regresado a su trabajo. Asimismo, pide la readmisión de los cuatro miembros del comité despedidos por ser algo "inadmisible" que responde "únicamente" a la beligerancia empleada por el comité en la defensa de sus derechos, y reclama un convenio "digno" que ponga fin a 35 meses sin acuerdo. "Queremos un convenio que imposibilite el descuelgue salarial y la ultraactividad para no tenernos que ver de nuevo abocados en un futuro próximo a un nuevo conflicto", concluyó.