Vitoria, 12 nov (EFE).- La patronal de la banca española se ha comprometido a paralizar durante dos años los desahucios en los casos de extrema necesidad en un día en el que la Judicatura ha reconocido la complejidad de dar carácter retroactivo a la nueva normativa que acuerden el Gobierno y el PSOE, que se reúnen hoy.
La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado que su compromiso se debe a razones "humanitarias" y que ya lo ha comunicado al Ministerio de Economía y al Banco de España.
Hasta ahora, varias entidades financieras como Kutxabank o Caja Laboral habían anunciado su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria, ante la alarma social creada por el suicidio de Amaia Egaña el pasado viernes en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada.
Además, el banco surgido de la integración de las tres cajas vascas ha dado a conocer hoy que su decisión de suspender los desahucios supone también la paralización de las subastas pendientes de inmuebles afectados.
Al debate abierto sobre el aumento de los desahucios por la crisis y sus consecuencias, algunas irreparables como la del pasado viernes, se ha referido hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner.
Ha considerado que "no debe haber más demoras en las soluciones" a los desahucios por parte de "quien tiene responsabilidad en materia legislativa", es decir, Gobierno y Parlamento.
Moliner ha reconocido que será "muy complejo" que la nueva normativa sobre desahucios que prepara el Gobierno pueda tener carácter retroactivo, es decir, aplicarse a desalojos ya realizados.
En las mismas jornadas que ha inaugurado en Bilbao el presidente del CGPJ, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha recordado que los jueces ya actúan contra los desahucios dentro de lo que les permite la ley, por ejemplo, garantizando "que ninguna persona en riesgo de ejecución hipotecaria quede sin defensa jurídica".
"Los jueces no nos hemos conformado cuando hemos tenido delante una familia sobreendeudada con riesgo de pérdida de vivienda, ni antes ni ahora. Los jueces intentamos sacar chispas de justicia de un derecho que a veces es injusto", ha subrayado Ibarra.
Además de los bancos y jueces, también se han referido a la ejecución de los desahucios otro colectivo que participa en ellos: la Policía.
El portavoz del sindicato mayoritario de la Ertzaintza ERNE, Roberto Seijó, ha reclamado a los gobiernos y partidos políticos que actúen ante los desahucios y "no usen a jueces y policías ante una ley injusta, y ante injusticias de un calado tremendo".
En declaraciones a EFE-TV, Seijó ha informado del contenido de la reunión de la Junta Rectora de este sindicato, que ha decidido hoy "apoyar jurídica y sindicalmente" a los agentes que participen en la ejecución de los desahucios, aunque ha recalcado que la policía "tiene que cumplir la ley".
La alarma social que han generado las consecuencias de los desahucios también ha hecho que una empresa de cerrajería de Gipuzkoa haya anunciado que no participará en estas acciones, por lo que "hará caso omiso a las ofertas de colaboración y trabajo" que le sea ofrecida "en este contexto".
En el ámbito político, el PSE-EE de Vitoria ha propuesto hoy que los ayuntamientos retiren las cuentas municipales de aquellas entidades financieras que lleven a cabo desahucios, una medida que quiere trasladar a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). EFE
