Bilbao. Cada actualización de las estadísticas son un nuevo mazazo para el mercado laboral español, que se encamina sin remedio a la cota de seis millones de parados. Ni siquiera el turismo puede poner freno a la sangría. Entre julio y septiembre otras 85.000 personas se sumaron a la larga cola del desempleo, que ya cuenta con 5,78 millones de integrantes, según la Encuesta de Población Activa del INE, que por primera vez arroja una tasa de paro superior al 25%. De cada cuatro personas en disposición de trabajar, una no puede hacerlo, y lo más grave es que incluso el Gobierno de Mariano Rajoy asume que el panorama no mejorará hasta finales del año que viene.
Una previsión que suena, además de demasiado lejana en el tiempo, a un simple brindis al sol más que a un compromiso firme, y más cuando el dato real de paro -25,02%- ya ha superado el previsto por el Gobierno para final de este año -24,6%-. El equipo de Rajoy confía en que la reforma laboral empuje poco a poco la contratación a medida que la economía se reactive, pero son muchas las voces que avisan de que a este paso ni lo uno ni lo otro: según los sindicatos, la oposición y una buena parte de los expertos, las medidas de austeridad seguirán hundiendo la actividad y el consumo mientras la reforma laboral solo sirve para facilitar e incrementar los despidos.
Así lo denunciaba ayer CCOO, que valoraba los datos del tercer trimestre como "malos sin paliativos" y los achaca a que la reforma laboral aprobada en febrero, junto a las medidas de ajuste, "aceleran la destrucción de empleo". UGT, por su parte, incidió en que este nuevo incremento del paro demuestra que las políticas del Gobierno popular "no son la solución a la crisis". ELA evidenciaba que en el conjunto de Europa, donde "los recortes no están siendo tan dramáticos", la subida del paro es bastante menor que en Euskadi y en el conjunto del Estado español. Según el sindicato vasco, los recortes y las reformas laborales solo han traído "más desempleo y, por consiguiente, más dificultades y más pobreza", un análisis que comparte LAB.
También la mayoría de grupos políticos criticó ayer la política de austeridad del Ejecutivo tras conocerse los datos de paro, pero el Gobierno español se mantuvo firme en su defensa a ultranza de las reformas aprobadas. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, destacó que la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo entre julio y septiembre supone una estabilización de la destrucción de empleo, apoyándose en los 140.000 empleos perdidos en el mismo periodo de 2011. Sin embargo, la moderación no impide que el total de ocupados en el Estado caiga a mínimos desde 2003, con 17.320.000 personas que trabajan, lo que estrangula los ingresos de la Seguridad Social y pone en peligro la viabilidad del sistema de pensiones. De hecho el PP ya ha anunciado que echará mano de la última caja de reserva para poder pagar a los jubilados.
En este sentido Jiménez Latorre se mostró ayer confiado en que a partir de la segunda mitad de 2013 la situación económica mejore enderezando también las cifras de empleo. La previsión descubre que el propio Ejecutivo espera que el desempleo siga subiendo en lo que queda de año y los primeros meses del que viene, lo que deja en el aire la incógnita de cuál es el techo del paro en España. En comparación con septiembre de 2011 hay 800.000 parados más, generados por la destrucción de 835.000 empleos en apenas doce meses.
De continuar a este ritmo, y teniendo en cuenta que los mejores trimestres para el empleo, los que coinciden con la Semana Santa y el verano, ya han pasado, y que todos los pronósticos apuntan a que a lo largo del año que viene la economía seguirá en recesión, los seis millones de parados más que una barrera serán una realidad muy pronto.
Comunidades como Andalucía, Extremadura y Canarias sufren ya un desempleo superior al 30%, que se eleva por encima del 40% en el caso de Ceuta. Por sectores, el tercer trimestre fue especialmente malo en la construcción y en los servicios, mientras que en la industria la ocupación mejoró levemente.
golpe al sector público El Ejecutivo de Rajoy se esforzó por dejar claro que los malos datos de este verano son producto del adelgazamiento del gasto en el sector público, remarcando que en lo que va de año solo se han perdido 500 empleos en el sector privado, por 110.000 del público -casi 50.000 en verano-. Parece por tanto que la reforma laboral sí está cumpliendo su misión en lo que hace referencia a las administraciones y empresas públicas, en las que la reforma implanta la posibilidad de hacer despidos colectivos.
Como el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme también destacaron que el deterioro laboral en el sector privado se está moderando. Las organizaciones empresariales, al contrario que los sindicatos, pidieron más medidas de flexibilidad como las introducidas a través de la reforma laboral para poder hacer frente a la crisis sin tener que despedir a sus trabajadores.
En el plano político, el PSOE acusó al Gobierno del PP de ser responsable de haber destruido "directamente" 50.000 empleos en el último trimestre en el sector público, y pidió su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de estos datos. Los populares, sin embargo, reprocharon a los socialistas que " tienen mucho que callar y poco que decir" sobre empleo en referencia a las abultadas cifras dejadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El PNV, por su parte, considera que estos datos demuestran que la reforma laboral facilita la destrucción de empleo, y también pidió a Mariano Rajoy que dé explicaciones en la Cámara Baja.
destrucción de indefinidos Un total de 180.000 fijos perdieron su puesto de trabajo entre julio y septiembre, mientras que el total de autónomos creció en 65.000 y el de temporales en 15.000. Aunque el verano suele aumentar la contratación temporal por el turismo, el golpe a los indefinidos en esta ocasión es el mayor desde que comenzó la crisis.
En los últimos doce meses más de 300.000 familias han quedado con todos sus miembros en paro, y además el número de hogares con todos sus miembros con trabajo se ha reducido en medio millón. De 17,5 millones de hogares que hay en el Estado, menos de la mitad mantienen a todos sus miembros ocupados.
