BILBAO. El Gobierno español controlado por el PP está dispuesto a intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit fijados apelando a las prerrogativas derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, según se deriva del documento preparado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para explicar a los inversores extranjeros las medidas de ajuste implantadas por el Ejecutivo. Esta nueva vuelta de tuerca al proceso de centralización que el Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo con la excusa de la crisis es una advertencia clara a Catalunya cuyos dirigentes, con Artur Mas a la cabeza, señalaron que no estaban de acuerdo con el objetivo de déficit del 0,7% para 2013 aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera por "injusto ".

El artículo 155 de la Constitución Española de 1979 señala que "si una CC.AA. no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

¿Cómo se articularía una posible intervención por parte del Gobierno en una autonomía? Según el citado artículo 155, "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Para extranjeros El documento, en inglés, del Ministerio de Economía titulado "la senda de España hacia la estabilidad y el crecimiento" advierte claramente en su cita el hecho de la posible intervención señalando que if a regional government fails to adopt any of the enforcement measures: Article 155 of the Spanish Constitution, direct intervention que viene a decir que si un Gobierno regional no adopta alguna de las medidas de ejecución presupuestaria previstas se recurrirá al citado artículo 155.

La Constitución Española en su última modificación de setiembre de 2011 ya dejó claro en su artículo 135 que todas las decisiones de las administraciones públicas estarán supeditadas a al principio de estabilidad presupuestaria por el que no podrán incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE y que el pago de los intereses de la deuda pública tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra.

Con este documento el Gobierno del PP, organización política que no ha dudado en cargar sobre las autonomías el desfase del déficit público español, no ha dudado en sacar a pasear de nuevo una interpretación centralista de la Constitución Española pues el citado artículo complementa la previsión de medios de control de la actividad de las comunidades recogida en el artículo 153 al contemplar un mecanismo de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquéllas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España.

El precepto se inspira en la figura de la llamada "coerción federal" (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Alemania aunque el carácter altamente excepcional del mecanismo previsto no se ha aplicado hasta ahora ni en España ni en la República Federal de Alemania.