Donostia. La Hacienda guipuzcoana presentó ayer uno de sus proyectos estrella, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF), que no cuenta con el apoyo del actual Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) -en el que se encuentran representados el Gobierno Vasco y las tres diputaciones-, por lo que el Ejecutivo foral de Bildu podría tener que trabajar con ahínco para encontrar aliados, tanto en ese órgano como en las Juntas Generales de Gipuzkoa para sacar adelante la norma que incluye el nuevo tributo.
Es nuevo porque sustituirá al Impuesto de Patrimonio, del que mantiene su estructura pero con grandes variaciones con las que busca una fiscalidad "más justa" y que le permitirán recaudar aproximadamente entre seis y siete millones de euros más al año que con el anterior tributo. La Hacienda foral pretende que el IRGF entre en vigor en 2013 y, según señaló la diputada foral del ramo, Helena Franco, afectará a 6.000 contribuyentes guipuzcoanos, que representan al 1,5% del total. Una parte del aumento recaudatorio provendrá de una modificación notoria respecto al Impuesto de Patrimonio y que consiste en la eliminación del conocido como "escudo fiscal", confeccionado por el legislador para evitar que el régimen tributario tenga carácter confiscatorio, algo que la Constitución prohíbe en su artículo 31.
Concretamente, la norma actual establece que la cuota íntegra a pagar por el Impuesto de Patrimonio conjuntamente con la que haya que abonarse por el IRPF, no podrá exceder -para los sujetos sometidos al primero de estos tributos por obligación personal (no se aplica a personas que no son residentes)- del 60% de la base imponible del Impuesto sobre la Renta. Según Franco -que estuvo acompañada por la directora de Política Fiscal, Itziar Miner- ese límite provocaba "tipos efectivos muy inferiores al nominal, del que se beneficiaban grandes patrimonios que realizaban una planificación fiscal con ese objetivo".
