MADRID. El ministro ha señalado que a este tipo de intervenciones "no se les puede poner límite o no se puede explicitar al menos la cuantía con la que se va a intervenir ni durante cuánto tiempo" para no restar efectividad a una ayuda que tiene como objetivo disipar las dudas sobre la zona del euro.

Respecto a las contrapartidas que tendrá la ayuda europea a España, De Guindos ha explicado que previsiblemente se definirán en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin (ministros de Finanzas de los países del euro y de la UE) que tendrán lugar en la segunda semana de septiembre.

Ha dicho que para entonces el consejo de gobierno del BCE ya habrá explicado cómo piensa ejecutar el programa de compra de deuda en el mercado secundario, lo que el Gobierno español analizará antes de tomar una decisión definitiva al respecto.

Lo que De Guindos da por hecho es que el BCE actuará en el mercado secundario (donde los inversores intercambian la deuda ya emitida) comprando bonos a corto plazo y sin ejercer su papel de acreedor preferente, lo que ahuyentaría al resto de inversores y elevaría la prima de riesgo.

Las intervenciones del BCE "no deben explicitar ni cuantía ni horizonte temporal y tal como ha señalado el propio BCE, deben tener en cuenta la problemática generada por el carácter de acreedor preferente".

En su opinión, la actitud del BCE ha abierto "un escenario muy positivo" para el Gobierno español, ya que la entidad ha reconocido que la presión de los mercados sobre la deuda española responde en buena medida a algo que va "más allá de la política doméstica" y ha considerado oportuno intervenir para corregirlo.

"No tenía sentido que algunos países pagaran tipos de interés negativos y que otros pagáramos tipos muchos más elevados. Eso pone de manifiesto un mal funcionamiento de las instituciones de la zona del euro", ha afirmado.

"Los diferentes tipos ponen de manifiesto dudas sobre el futuro del euro y dificultades para la transmisión de los impulsos de la política monetaria", ha añadido De Guindos.

El ministro no se ha mostrado preocupado por las posibles condiciones que las instituciones europeas puedan poner a lo que los expertos han bautizado como "rescate blando", puesto que entiende que España está "haciendo sus deberes" tanto en el ámbito fiscal como en el de las reformas estructurales y así lo están reconociendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Bruselas.

"De alguna forma ya están muy definidas (las condiciones). Yo creo que España ha presentado su programa de ajuste presupuestario y sus reformas estructurales, que desde un punto de vista genérico están aceptadas como suficientes y adecuadas", ha explicado el ministro refiriéndose al avance presupuestario para 2013 y 2014 que prevé un ajuste fiscal de casi 90.000 millones en esos dos años.

Ha insistido en que el compromiso de España con la reducción del déficit al 3 % del PIB en 2014 es inequívoco, razón por la que se han ido adoptando o se planea poner en marcha las recomendaciones propuestas por Bruselas, como el incremento del IVA o la subida de la edad efectiva de jubilación.

La intención del Gobierno, ha recordado, es negociar con los partidos políticos y los agentes sociales medidas que permitan acercar a los 65 años la edad efectiva de jubilación, después de que el anterior Ejecutivo elevara a los 67 años la edad legal, que estará plenamente en vigor desde 2027.

En su opinión, lo que preocupa a los mercados de la situación de España no es tanto la política presupuestaria a corto plazo como la capacidad de la economía para generar el crecimiento futuro necesario para sostener las finanzas del Estado y la deuda pública.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que España es un país "claramente solvente" porque la economía es competitiva, como refleja el hecho de que las exportaciones estén creciendo a una tasa del 3,4 % hasta junio y haya superávit comercial con economías tan fuertes como Francia e Italia.