BILBAO. Valencia ha abierto una puerta al solicitar la ayuda del Fondo de Liquidez Regional y son varias comunidades las que ya se asoman para seguir sus pasos. Cataluña y Castilla-La Mancha no ocultan que les resulta muy atractivo el mecanismo de asistencia creado por el Estado tras volverse a aplazar la puesta en marcha de los hispabonos. El Fondo resuelve sus problemas. Pero, pese al precedente valenciano, parece que ningún gobierno autonómico quiere ser el segundo en pedir el rescate.

En ese trance se vio ayer el presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, tras mostrar ayer en una entrevista al diario La Opinión su disposición a solicitar la ayuda. La prensa digital se hizo eco de la noticia y el Gobierno murciano desmintió tras el impacto que haya tomado ya una decisión. Oficialmente está en fase de estudio.

Según indicó el Ejecutivo regional, Valcárcel no se refería al rescate sino a los hispabonos. Sin embargo, en el audio de la entrevista se le pregunta claramente por "la alternativa a los hispabonos", es decir, el mecanismo de rescate al que se ha acogido Valencia. El barón popular responde que "el fondo [regional] está dispuesto pero no disponible" y muestra sus disposición "a utilizarlo" confiando en que sea posible "en septiembre".

Las declaraciones del presidente murciano, que también afirmó que todas las regiones están intervenidas "en la práctica" porque el Gobierno de Rajoy les "obliga a tomar decisiones que en circunstancias normales no adoptarían", generaron un gran revuelo político. Los socialistas murcianos pidieron la comparecencia de Valcárcel para aclarar "cuando se va a perdir el rescate", mientras que Izquierda Unida exigió directamente su dimisión.

Más allá de las lecturas, el trasfondo lo marcan las urgencias de las comunidades, que se están viendo obligadas a saltar a la palestra en algunos casos sin mostrar sus cartas. Eso que aviva la percepción de que habrá en breve un goteo de peticiones de ayuda. De momento, mientras Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha se lo piensan -lo que automáticamente les sitúa como candidatas al rescate-, Galicia se sumó ayer al grupo de los que lo descartan de plano, junto a Canarias, Extremadura, Baleares y Castilla y León.

También rechaza la posibilidad Andalucía, último gran bastión socialista, que se niega a pagar el alto coste que supondría una intervención por parte del Estado. La Junta andaluza teme una notable reducción de los servicios sociales si se limitan sus competencias.