Madrid. El ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, considera que la ayuda directa a la banca española no podrá hacerse en 2012 porque antes hace falta crear un supervisor bancario común, un organismo que no entrará en funcionamiento este año.

En una entrevista con El País, Shäuble asegura que los que piensen que la ayudas a la banca supondrán una "carga adicional" se equivocan y explica que España, como Estado, no necesita crédito, y que quienes sí lo necesitan son parte de las entidades financieras debido a la crisis inmobiliaria.

En su opinión, España superará el desarrollo recesivo de su economía y cuando culmine la recapitalización y las reformas sigan dando frutos, "se reducirán las tensiones en los mercados".

El ministro alemán califica de especulaciones "fantasiosas e irresponsables" las informaciones que apuntan a que España va a recurrir al fondo de rescate y asegura que la situación del país no es "en absoluto" parecida a la de Grecia.

Por otra parte, considera "grotesca" la idea de que el Gobierno español aplica reformas para satisfacer Alemania y añade que, en su opinión, los miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy "saben qué hay que hacer y lo hacen muy bien".

De vuelta a la reunión de hoy del Eurogrupo, y preguntado por si en ella se abordarán las ayudas a la banca, Shäuble explica que primero habrá que poner en funcionamiento un supervisor bancario común eficiente, con participación del BCE, y después se discutirá cómo hacer posible el acceso directo de los bancos a los fondos europeos de estabilidad.

En su opinión, es "poco realista" que el supervisor pueda entrar en funcionamiento este año y recuerda que en el caso de España será el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el que haga la solicitud de la ayuda como agente del Gobierno español.

El dinero saldrá del fondo provisional EFSF, porque el permanente ESM aún no está listo. Después, el ESM asumirá el crédito, pero se mantendrá su estatus de acreedor no privilegiado. "Lo que está por pactarse con España se aplicará tal cual", añade el ministro germano. El EFSF "da créditos a los países que los solicitan, no hace donaciones", advierte Schäuble, quien subraya que, según las normas de Erostat (oficina estadística europea), los créditos se suman al endeudamiento.

pacto político Los ministros de Finanzas de la zona del euro prevén cerrar hoy un "acuerdo político" sobre los términos y las condiciones de la ayuda de hasta 100.000 millones de euros que concederá a España para recapitalizar su banca, pero el memorando de entendimiento no estará finalizado y firmado hasta finales de mes.

Los expertos de la Comisión Europea, en colaboración con técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), han estado negociando el documento durante las últimas dos semanas con el Gobierno español y hoy presentarán al Eurogrupo un borrador de los términos del préstamo y las condiciones que se impondrán a las entidades individualmente y al sector en su conjunto. El texto no recogerá una cifra definitiva de la ayuda financiera que se concederá a España, sino que se remitirá a la cifra máxima de 100.000 millones de euros a la espera de que se conozca a finales de mes el resultado de la evaluación pormenorizada de las carteras crediticias de la banca que el Gobierno encargó a cuatro auditoras.

Las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman han calculado que la banca necesitará entre 51.000 y 62.000 millones de euros para afrontar hasta 2014 un hipotético escenario económico muy adverso.

Tampoco es previsible que se conozca el lunes el plazo de devolución del préstamo: "No sabemos todavía cuál será", señaló el viernes un alto cargo de la UE.

España espera que el préstamo tenga un plazo largo de incluso más de 15 años, un periodo de gracia de entre 5 y 10 años y un tipo de interés entre el 3 y el 4 %.

La ayuda a la recapitalización va acompañada de la condición de reestructuración de las entidades que reciban el auxilio y que puede implicar desinversiones, la reducción del tamaño, el abandono de líneas de negocio o el cierre de entidades, y de exigencias para los organismos supervisores y reguladores.