Madrid. La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella de UPyD contra Bankia, su matriz, Banco Financiero de Ahorro (BFA), y sus consejeros, y decidió citar como imputados al expresidente de la entidad Rodrigo Rato y a más de una treintena de consejeros del grupo y de su matriz, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes. También están llamados a declarar en calidad de testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la CNMV, Julio Segura; el representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Francisco Celma, auditor de Deloitte.
Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al todavía consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, entre otros altos cargos.
Justificación Según informaron ayer fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Adiencia Nacional, Fernando Andreu, adoptó estas decisiones después de que la Fiscalía Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD contra los consejos de Bankia y BFA por estafa y otros delitos. En concreto, los 33 consejeros están imputados por supuestos delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, por administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
Si finalmente resultaran culpables, el Código Penal establece penas de prisión de entre 1 a 3 años por el delito de falsedad de cuentas; de 6 meses a 4 años por el delito de administración fraudulenta, una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por la alteración del precio y prisión de 1 a 6 años por apropiación indebida.
En un auto de la Audiencia, Andreu argumenta su competencia porque los delitos que se imputan "habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional", así como "perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España". El magistrado recuerda que es el cuarto mayor banco del país, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones y un negocio crediticio de más de 186.000 millones a cierre de 2011, por lo que su "quiebra podría desestabilizar todo el sistema financiero".
"La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización del grupo financiero", añade en el auto, contra el que cabe recurso.
Y como esa cantidad se suma a los 4.465 millones que el grupo recibió para su creación, el coste para el erario público ascendería a 23.465 millones, "sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional".
Documentos El juez ha pedido la declaración de los querellados y diversas pruebas documentales como las actas del consejo, los documentos para pedir ayuda al FROB y las operaciones desde enero de 2008 -dos años antes de la llegada de Rato- a favor de partidos, consejeros, familiares o empresas. Además, solicita información sobre las prejubilaciones, indemnizaciones, sueldos y la salida a Bolsa o los planes de recapitalización. La petición se extiende a las seis entidades que fundaron Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
