madrid. La nueva reforma financiera que aprobará hoy el Ejecutivo endurecerá las provisiones inmobiliarias de la banca para permitir aparcar estos activos tóxicos en bancos malos (sociedades externas), en un intento de dar una imagen más saneada del sector. El Gobierno obligará a ampliar en 35.000 millones las provisiones ya aprobadas en febrero (54.000 millones) en una maniobra (la cuarta reforma financiera desde que se inició la crisis) que obligará a otra ola de fusiones ya que las exigencias del Estado dejarán previsiblemente a varias entidades en pérdidas. La salida será vender activos o fusionarse.

Para los expertos consultados, el hecho de que la reforma haya coincidido en el tiempo con la nacionalización de BFA-Bankia, la entidad sistémica más problemática, "revela la clara intención del Gobierno de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, que hasta ahora han dudado sobre la fortaleza del sistema financiero español".

Los bancos españoles llegan a esta nueva fase con un equipaje exiguo, tras haber abordado una primera tanda de provisiones que afectó a los créditos dudosos y morosos y a los activos inmobiliarios adjudicados, como pisos, solares y promociones, que suman en España 180.000 millones de euros. En el camino, varias entidades se han visto abocadas a desaparecer, como Banca Cívica, que ha caído en manos de La Caixa; Caja 3, que será absorbida por Ibercaja, y Caja España-Duero, que ha ratificado su integración en Unicaja, además de otras operaciones como la fusión del Pastor con el Popular y la venta de la CAM al Sabadell y de Unnim al BBVA.

Este intenso proceso de concentración no ha sido suficiente para el Gobierno, que además de defender la nacionalización de la matriz de Bankia -entidad que era reticente a una fusión- vería con buenos ojos la integración de Liberbank, BMN, Unicaja e Ibercaja en un solo grupo.

A partir de mañana, los bancos se enfrentarán a un endurecimiento de las provisiones inmobiliarias que afectarán a los créditos considerados "sanos" o no problemáticos y que suman en España 140.000 millones adicionales. Entre las posibilidades que hay sobre la mesa está la de elevar las provisiones de un 7 a un 30%, lo que obligará a las entidades a desembolsar 32.000 millones adicionales en un plazo de tiempo determinado, entre uno y dos años.

Para los bancos que no puedan llevarlo a cabo, el Estado -a través del FROB- arbitrará un sistema de coberturas en forma de avales, que permitirá a las entidades realizar las provisiones con menos premura. Estos avales garantizarán que las pérdidas que puedan producirse en la cartera inmobiliaria estarán cubiertas por el Estado.

Se tratará, en cualquier caso, de una cobertura que no será gratuita, y que obligará a las entidades a pagar una prima anual por ella. Además, las entidades que la disfruten estarán obligadas a presentar planes de saneamiento, que pasarán por la venta de activos o, llegado el caso.