DONOSTIA. El director de Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, acompañado por la jefa de servicio de ImpuestosDirectos, Yolanda Domínguez, ha presentado en una rueda de prensa en San Sebastián un balance de la campaña de la renta de 2011, que en Gipuzkoa no ha llegado aún a su ecuador, ya que arrancó el 17 de abril y finalizará el 25 de junio.
Olano ha dicho que la evolución es muy positiva dado que ya se han presentado 242.000 declaraciones, es decir, 5.563 más que el año pasado en estas mismas fechas.
Una vez más, el grueso principal procede de las propuestas de autoliquidación que Hacienda envía ya elaboradas a los domicilios de los contribuyentes que, según Olano, reciben una respuesta altamente satisfactoria, debido a diversos factores, entre ellos la crisis económica y la premura de los contribuyentes de ingresar el dinero.
De hecho, la Diputación ha decidido ampliar cuatro días el plazo para aceptar estos borradores, que inicialmente terminaba el 14 de mayo y ahora se prorroga hasta el 18.
De esta manera, la institución foral espera alcanzar un récord histórico en la aceptación de estas autoliquidaciones después de que haya remitido este año 230.153 propuestas.
De éstas ya han sido aceptadas 190.000, lo que supone el 82,5%, es decir, 7.000 más que el año pasado por las mismas fechas, ha precisado Yolanda Domínguez, quien ha señalado que las mecanizadas se mantienen prácticamente invariables -36.963-, mientras que en internet bajan las de profesionales y suben las de particulares.
Olano se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones realizadas ayer por la portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, quien consideró que el proyecto de norma foral anunciado por la Diputación, que plantea crear un registro de contribuyentes de alto riesgo, puede ser "inconstitucional".
El director de Hacienda ha recalcado que el proyecto será debatido en su momento, aunque ha subrayado que la Diputación ha hecho este planteamiento porque cree que es "plenamente viable".
En cuanto al teléfono puesto en marcha en la anterior legislatura para que cualquier ciudadano pueda denunciar, incluso de manera anónima, una situación de posible fraude fiscal que conozca en su entorno, Olano ha comentado que sigue operativo y que lo importante no es el número de llamadas sino la fiabilidad que puedan tener.