Vitoria. Los sindicatos ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS dieron ayer respuesta a los últimos tijeretazos de Mariano Rajoy anunciando una huelga en el sector público de la CAV y Navarra para el próximo día 31 de mayo. Cerca de 140.000 funcionarios están llamados a secundar la que será la tercera huelga en el ámbito público vasco este año con el fin de presionar a las instituciones vascas y evitar que apliquen los ajustes aprobados en Madrid, como la congelación de salario, el aumento de jornada a 37 horas y media semanales y otras impopulares reformas que afectan directamente a los usuarios, como el aumento del número de alumnos por aula o la subida de los medicamentos. Como recordaron ayer los portavoces sindicales en la rueda de prensa para dar a conocer la convocatoria, los empleados públicos están en el punto de mira de las administraciones en su afán por adelgazar el gasto. Igor Eizagirre, de ELA, recordó que desde que comenzó la crisis los funcionarios han perdido un 13% de sueldo, entre rebajas y congelaciones, si se tiene en cuenta la evolución del IPC. Además, en el caso de la CAV se añade el decreto aprobado por el Gobierno Vasco a finales del año pasado, con la oposición de los sindicatos, que rebaja los complementos a las bajas de sus funcionarios, una medida ya ha entrado en vigor. Ya aquel decreto provocó la primera huelga del año entre los funcionarios de Lakua, celebrada el 9 de febrero, a la que se sumaron también los empleados de diputaciones y ayuntamientos al verse afectados por los primeros dardos de Rajoy contra el funcionariado, entre ellos el aumento de jornada a 37 horas y media semanales, medida que aún no se ha puesto en práctica en las administraciones vascas.

Críticas a medio gas En aquella ocasión, ELA y LAB llamaron a un paro de cuatro horas en el turno de mañana que logró un amplio respaldo en Educación, así como en las empresas de transporte y comunicación públicas. Así y todo, el PP ha seguido aprobando medidas de ajuste que, además de modificar las condiciones del empleado público, afectan al servicio a los ciudadanos. Es el caso de las drásticas reformas emprendidas en Sanidad, como el aumento del precio de medicamentos, o en Educación, donde se aumenta el número de alumnos por clase y las horas lectivas, y se encarecen las tasas en la universidad. De momento el Gobierno Vasco ha criticado estas reformas pero ha avisado de que no será insumiso y aplicará los recortes a los que le obligue la ley, una postura criticada por los sindicatos. ELA y LAB reivindicarán en la huelga del día 31 "el derecho a negociar y decidir aquí", y exigirán a las instituciones vascas "que no apliquen estas medidas y refuercen los servicios públicos". "Hay que pedir a las instituciones que defiendan sus competencias y digan no a todos estos recortes. Es una decisión política", afirmó ayer Eizagirre, que considera que los recortes del PP tienen como objetivo "desmontar los servicios y hacer negocio con los servicios públicos".

Navarra planta a Madrid Para el portavoz de ELA todas las huelgas convocada en el sector están justificadas ante el "ataque absoluto" a los servicio públicos, que llama a defender "con uñas y dientes". Arantxa Sarasola, de LAB, destacó ayer que los recortes afectan al empleo público, y aseguró que las administraciones "mienten" cuando justifican los ajustes diciendo que sirven para reducir el paro. Por su parte, Belen Arriondo, de STEE-EILAS, afirmó que "no sirve sólo realizar bonitos discursos y luego amparar políticas neoliberales, aceptando las peticiones d el a banca y de las empresas", dijo. Además de rechazar los recortes, las centrales abertzales pedirán que los gobiernos vasco y navarro apliquen medidas de creación de empleo y a las diputaciones que reorienten la fiscalidad con el fin de reforzar los servicios públicos. Respecto a la posibilidad de que CCOO y UGT se sumen a la convocatoria, Izagirre zanjó: "Esta protesta se enmarca en nuestras movilizaciones y a partir de ahí, que otras centrales decidan lo que vayan a hacer".

Por otro lado, El Gobierno navarro descartó aumentar la jornada laboral a sus funcionarios, según explicó el vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Presidencia, Roberto Jiménez. El Ejecutivo Foral descartó la subida anunciada por el PP en el Estado. "Navarra no tiene obligación de prolongar la jornada laboral de los funcionarios y no hay necesidad de hacerlo", por lo que "queda descartada esa medida", aseguró Jiménez.