Madrid. Red Eléctrica Española (REE), cuya filial en Bolivia, Transportadora de Electricidad (TDE), fue nacionalizada el martes por el Ejecutivo de Evo Morales, expresó ayer su deseo de llegar a un "acuerdo amistoso" con el Gobierno de ese país, con el objeto de fijar un precio justo por el valor de la empresa expropiada.
La nacionalización de la filial ha provocado que la empresa española lidere las pérdidas en su retorno al parqué tras el festivo del 1 de mayo. Así, REE, cuya filial apenas representa algo más de un 1,5% de su actividad, perdió un 2,23% en la Bolsa.
Fuentes de REE explicaron que la empresa se ha puesto a disposición del Gobierno andino para entablar las negociaciones pertinentes, al tiempo que "respeta la decisión soberana" sobre la estructura del sector eléctrico boliviano.
No obstante, REE precisa que este proceso debe respetar los principios internacionales de derecho, en tanto que la empresa "tiene la obligación de defender con todas sus fuerzas los intereses de los accionistas".
La empresa española recuerda que su gestión y sus estados financieros en Bolivia "han sido auditadas anualmente" por los organismos bolivianos competentes y por multinacionales de auditoría "de reconocido prestigio internacional", por lo que la transparencia marcará cualquier negociación.
La empresa también reconoce que en los últimos años se ha reducido el ritmo inversor, si bien lo achaca al hecho de que desde 2008 los nuevos desarrollos del sector se realizan a través de la empresa pública ENDE, por lo que las inversiones "se ciñen al mantenimiento y modernización de instalaciones ya existentes".
Intereses Por su parte, el Gobierno español aseguró ayer que está dispuesto a llegar "hasta donde se pueda llegar" en defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior y de su seguridad jurídica.
El Gobierno mantiene "abiertos" los canales de comunicación con el Ejecutivo que lidera Evo Morales, y que se ha puesto a disposición de lo que pueda solicitar la compañía española, para defender su intereses y proteger la seguridad jurídica de las empresas españolas en el exterior.
Recordaron, además, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, habló el martes con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, sobre la expropiación de la firma energética española y han reiterado que el Gobierno se mantiene "a disposición de lo que pida la empresa".
Luis de Guindos, desde Bruselas, definió la expropiación como una decisión "negativa" del Gobierno boliviano pero resaltó que La Paz ha garantizado que compensará a la compañía española por la nacionalización y las inversiones realizadas en el país iberoamericano.
