Vitoria. El Gobierno endureció ayer las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y aprobó que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos. Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social aprobado ayer y que estará en vigor hasta el 2013, y que además amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años, tal como quedará reflejado en la reforma del Código Penal.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que el plan persigue "limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y protegerlos para que no sean lo primeros que despiden las empresas". En este sentido, el anteproyecto de Ley pretende reducir los costes que soporta el Estado como consecuencia de la inclusión, en despidos colectivos, de trabajadores de más de cincuenta años en empresas con beneficios.
sin límite Además, el plan adopta otras medidas como que los convenios colectivos no puedan fijar una edad de jubilación obligatoria. "Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral", dijo Báñez, tras explicar que el plan de lucha contra el empleo irregular endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos.
La ministra aseguró que este plan supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores y apuntó que por primera vez se tipifica como nuevo delito para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social.
Entre otras medidas el Gobierno exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal y se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses. Además, se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros (a imponer por el Consejo de Ministros) y se refuerzan los equipos de inspección con 113 nuevos funcionarios (53 inspectores y 60 subinspectores).
Báñez indicó que el objetivo es evitar "atentar" contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal que ocasiona esta economía sumergida. Asimismo, subrayó el efecto "perverso" que tiene en las arcas públicas el fraude laboral que pone en riesgo la sostenibilidad de la Seguridad Social.
