vitoria. ¿Cuál es su versión de lo acontecido entre el Gobierno argentino y Repsol?

Estoy escandalizado y sorprendido por la repercusión que ha tenido en el Gobierno español, su sociedad y la Unión Europea. Parece que no hay duda ninguna de que Repsol lo ha hecho todo bien y es víctima de un abuso intolerable, cuando lo cierto es que su actitud deja mucho que desear.

¿A qué se refiere?

A sus antecedentes en Argentina, donde sigue desarrollando prácticas ilegales que atentan contra los derechos humanos, derechos medioambientales, sociales, políticos y públicos. Es todo un circo patético, es el colmo, así que no vendan esa imagen de victimismo que no les corresponde porque si se midiera por igual todo lo que Repsol ha ganado en este país y lo que ha reinvertido en él, igual a alguno se le caería la cara de vergüenza.

¿No cree que la expropiación cruza de alguna forma la línea roja entre ambos países?

En mi opinión hace ya tiempo que Argentina tendría que haber expropiado la filial de Repsol por una cuestión de pura igualdad, de seguridad. Pero entendida ésta como seguridad para los ciudadanos de este país y no sólo para los inversores, que es lo que se está argumentando en estos momentos. Cuando subimos el tono descubrimos que nos encontramos ante una confrontación de seguridad jurídica y a mí eso me importa mucho.

¿Qué papel le aguarda a la presidenta del país?

Argentina y su presidenta tendrán que rendir cuentas ante su pueblo por haber tardado tanto en nacionalizar YPF. Ahora bien, el reto que les espera es un desafío. Nada menos que impulsar un proceso escalonado de expropiaciones en favor del pueblo argentino.

¿De modo que habrá más empresas nacionalizadas?

No lo sé, pero me gustaría que así fuera porque sería muy bueno para los derechos humanos. También sería bueno que el Gobierno reformara la ley de inversiones y de expropiación, y que denunciara el tratado de bilateralidad entre Argentina y España vigente desde 1992. El país ha estado vendido al capital y sus empresas estratégicas han sido privatizadas de arriba a abajo.

¿Qué salida le queda a Repsol en estos momentos?

Que no puede hacer nada es otra falsedad que se nos ha vendido. Existe un tratado de inversiones que le permite demandar al Gobierno argentino ante el Ciadi, una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros estados. El problema es que el Ciadi hace trampa y su neutralidad está cuestionada. La mayoría de sus fallos han sido siempre favorables a compañías transnacionales como Repsol. Su problema es que sólo domina y atiende asuntos vinculados a las inversiones y el comercio, no sabiendo nada de derechos humanos, y eso es una barbaridad. Si queremos un tribunal internacional íntegro, las carreteras se deben cruzar, se debe medir por igual las inversiones, el comercio y los derechos humanos. De lo contrario seguiremos asistiendo a mentiras como las de Repsol.