DONOSTIA. Así lo ha afirmado este testigo durante la quinta jornada del juicio que se sigue por estos hechos desde la semana pasada en la Audiencia de Gipuzkoa contra José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristain.

En la sesión de hoy ha declarado el copropietario de una asesoría de Irun que ha admitido que se reunió con Bravo en su despacho de la oficina tributaria de la localidad para tratar los pago de tres clientes morosos, a pesar de que uno de los casos correspondía inicialmente a la de Donostia.

Ha reconocido también que pactó con él la reducción de varias deudas, muchas de las cuales fueron abonadas en metálico a cambio de justificantes que, según ha dicho este testigo, él no tenía por qué saber que no estaban "homologados".

Este profesional ha recordado asimismo que dos de sus clientes a los que Hacienda le reclamó el abono de deudas tuvieron que solicitar préstamos para pagar a Bravo, y ha concretado que la parte de las deudas que no eran abonadas eran datadas por insolvencia o se entendía que, como no se podían pagar, "iban a beneficio de inventario".

"En ningún momento me cuestioné que no lo pudiera hacer, si -Bravo- me hubiera citado en un bar, tal vez. Eran prácticas que yo no tenía por qué pensar que pudieran ser delictivas o irregulares", ha señalado este asesor.

Una vez concluido el interrogatorio de las partes a este testigo, el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, le ha pedido una serie de concreciones sobre la deuda de uno de sus clientes, una empresa de transportes de Irun, que tuvo que afrontar, por derivación, las deudas de una compañía de los mismos propietarios que estaba "prácticamente extinguida" por su mala situación económica.

El asesor, que se ha mostrado visiblemente incómodo, ante las preguntas del magistrado sobre este asunto, ha admitido que la empresa a la que se le reclamaba la deuda derivada hubiera podido hacer frente "de una forma más fraccionada" a la reclamación íntegra del dinero pendiente.

Ante el exhaustivo interrogatorio del juez, este testigo ha reconocido finalmente que la idea de la empresa afectada era la de "pagar" la deuda, si bien el asunto era ver si se podía abonar "lo menos posible" dentro de las "circunstancias", teniendo en cuenta la mala situación en la que se encontraba la primera compañía.

Precisamente, la responsable de ambas empresas de transportes ha declarado en la misma sesión de hoy, durante la que ha recordado que tramitó toda la reclamación de su deuda con la citada gestoría y que el asesor le comunicó que había obtenido una rebaja o descuento del 15% del montante de la deuda que, además se podía pagar fraccionada.

De esta manera, entregó distintas cantidades por un importe de casi once millones de pesetas, tras lo que recibía los correspondientes justificantes. Esta mujer ha precisado que en una ocasión intentó satisfacer las cantidades mediante pagarés pero no se lo admitieron porque "querían -el dinero- en metálico".

Preguntada sobre si la empresa tenía recursos suficientes para hacer frente a estos pagos, la testigo, que nunca llegó a hablar con Bravo, ha señalado que "de mala manera" y "sacándolo del negocio".

El dueño de una imprenta de Hondarribia ha relatado, por su parte, que se reunió con Bravo después de que se le requiriera una deuda de más de un millón de pesetas que, según ha dicho, Bravo accedió a "condonar" a cambio del pago de medio millón de pesetas que tuvo que pedir prestados en una entidad bancaria, tras lo que el acusado le entregó un documento que acreditaba que estaba "al corriente" de pagos con Hacienda, lo que le permitió seguir presupuestando trabajos con el Ayuntamiento de la localidad.

Otro contribuyente ha manifestado que él se mostró disconforme con la deuda que le reclamó Bravo, quien lo derivó a la gestoría de Irun en la que trabajaba su hermana, donde se encargaron del pago final y le cobraron 125.000 pesetas.

Además de estos testigos, también habían sido citados hoy una contribuyente que no se ha presentado y que será requerida con apercibiendo para que comparezca; un testigo que se encuentra hospitalizado; una mujer a cuya declaración han renunciado las partes tras conocer que sufre un "inctus", y un hombre que testificará otro día. El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos.