Vitoria. El pasado jueves, Álava dijo no a la reforma laboral aprobada por el Gobierno español, y previsiblemente hoy volverá a mostrar su rechazo a la polémica amnistía fiscal que el viernes Cristóbal Montoro, ministro de Economía, anunció durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, que pretende recaudar unos 2.500 millones de euros. El rechazo "rotundo" en Álava del PSE, PNV y Bildu será suficiente para tumbar cualquier decisión al respecto que pretenda impulsar el Gobierno foral, en manos del PP. En este incómodo escenario, Javier de Andrés comparecerá hoy tras el Consejo de Diputados para aclarar su postura. De momento, sus colegas en Bizkaia y Gipuzkoa, José Luis Bilbao y Martin Garitano, ya anunciaron ayer su disconformidad con la medida, que no aplicarán en Euskadi por considerarla "éticamente inaceptable", "políticamente indefendible" y "socialmente injusta".

En Álava, el único mensaje que ayer transcendió fue el de la prudencia. A pesar de la insistencia política, el goteo de mensajes en las redes sociales y el clamor social, tan solo su diputado de Economía, José Zurita, salió al paso para reconocer que la Diputación se encuentra "estudiando en estos momentos" la medida. Poco más.

La decisión del diputado general no será fácil. De sumarse al mismo no que promueve la oposición en bloque, sería la primera vez que De Andrés ignora una orden de su jefe, Mariano Rajoy, mientras que si el argumento es el contrario, como ya ha hecho, por ejemplo, el presidente del PP en Álava, Alfonso Alonso, es cierto que salvaría la cara ante Madrid aunque lo haría, eso sí, con un peaje social y político demasiado elevado. "Lo va a tener complicado", reconocía ayer en este sentido un popular de peso como Ramón Rabanera.

El PP se queda solo Al cierre de esta edición, la única certeza política es que en esta espinosa materia el PP en Álava se ha quedado solo. Para sacar adelante la amnistía fiscal -que premiará con un gravamen del 10% a las personas físicas y del 8 % para las jurídicas-, los populares necesitarían del apoyo del PNV, Bildu o del PSE y Ezker Batua juntos para sacar adelante la medida, un hecho que hoy por hoy resulta imposible. Como también es altamente improbable que el PP decida forzar la máquina.

Para la oposición en bloque no todo vale. Ni tan siquiera la excepcionalidad de la situación, con una recaudación bajo mínimos -los datos de enero y febrero hablan de un descenso interanual del 11% en Álava-, justificaría este perdón impositivo para lavar impunemente dinero negro. Así, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, consideró "muy complicado" poder mantener ante la opinión pública una medida tan polémica cuando al mismo tiempo se le está pidiendo a los ciudadanos "grandísimos sacrificios" e inmediatamente después "se da un premio a los defraudadores". En la misma línea se manifestó Ezker Batua, que registró dos iniciativas donde preguntó al diputado general si ve "justo" que los "fondos opacos" puedan ser "blanqueados con un coste irrisorio para los defraudadores a la Hacienda, mientras a quienes tributan conforme a la ley se les suben los impuestos".También censuró la amnistía el portavoz de Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, quien presentó una moción contraria a la "escandalosa" propuesta del Gobierno español por favorecer a los "defraudadores y ladrones de guante blanco". Por su parte, desde el PNV, su portavoz, Ramiro González, presidente a su vez de la ponencia sobre fiscalidad que en estos momentos se debate en JJGG, consideró ante los micrófonos de la Cadena SER un "error tremendo" premiar a los defraudadores en lugar de "combatirlos" con medidas específicas y una mejora de la legislación vigente.

Billetes de 500 euros Apostó en este sentido González por dotar de más recursos humanos y técnicos al servicio de Inspección, endurecer las penas y sanciones o establecer un límite para las transacciones en metálico, poniendo coto de alguna manera a la circulación actual de billetes de 500 euros, cuya cuantía en el Estado asciende a los 60.000 millones de euros.

En la misma línea lleva manifestándose desde el pasado viernes el sindicato Gestha, el más representativo del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública. Para su presidente, Carlos Cruzado, lo sustancial en esta cuestión no es "consolar" al que defrauda sino establecer los mecanismos que sean oportunos para "cazarlo" y "castigarlo". Si la ley es igual para todos, advierte, su cumplimiento no debe gozar de excepcionalidades, por muy extrema que pueda ser la situación. Cruzado, que recientemente presentó en las Juntas la radiografía del fraude en Álava -calculó en 380 millones el dinero no declarado el pasado ejercicio- animó ayer de nuevo a "mover la lupa" de la Agencia Tributaria y enfocarla hacia los grandes caladeros del fraude. "El 70% del fraude de este país procede de las grandes fortunas y las grandes empresas", avisó.