Vitoria. A golpe de titular o a rebufo de los medios de comunicación. O puede que a ambos. La política fiscal y económica del Gobierno Vasco ni encuentra su ritmo ni desde luego traslada a la opinión pública atisbo alguno de confianza. Al lehendakari, Patxi López, se le amontonan los problemas derivados de la crisis y, lo que es peor, ofrece una sensación de suma debilidad no sólo ante su socio de referencia, el PP, sino ante el resto de partidos de la oposición. La última semana está plagada de ejemplos que dan fe de este descontrol. Al decretazo aprobado a finales de año por el Gobierno de Mariano Rajoy en el capítulo de funcionarios, a los que exigirá a partir de este año trabajar treinta minutos más al día hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, le siguió desde Lakua un lacónico "no sabemos, lo estamos estudiando" que dejó indiferente a casi todos los afectados. "Y si ese informe concluye que no deberá aplicarse la norma básica en el País Vasco, ¿incrementarán ustedes la jornada de los casi 67.000 funcionarios vascos?", preguntaron a continuación los periodistas. "No lo sabemos, tenemos que estudiarlo", reiteró su portavoz, Idoia Mendia.

Días después, el propio Patxi López sugirió en una comparecencia pública la posibilidad de abrir la vía del Parlamento para encontrar un resquicio legal por el que impulsar el incremento del IRPF en Euskadi, puenteando de este modo a las diputaciones vascas, únicas competentes en materia fiscal y tributaria y que ya con anterioridad le habían hecho saber que no modificarían este tributo en 2012. Las diputaciones están en manos de Bildu (Gipuzkoa), PNV (Bizkaia) y PP (Álava). Sólo el portavoz de su socio preferente, Antonio Basagoiti, deshizo el entuerto al advertir públicamente al lehendakari de que no apoyaría tal medida, "fruto de la improvisación". Nuevo jarro de agua fría. El tercero llegó ayer, tras el Consejo de Gobierno. Su portavoz, una vez más, salió al paso de las informaciones publicadas por diversos medios en los que se advertía de un nuevo capítulo de recortes tras la reunión de trabajo que el pasado lunes mantuvo López con todos sus consejeros. "El Gobierno Vasco descarta que durante 2012 se vayan a aprobar más recortes al margen de los reflejados en los presupuestos de la comunidad autónoma para este ejercicio y confirma que hay una tranquilidad absoluta desde el punto de vista presupuestario", zanjó ayer a las primeras de cambio Mendia.

Respecto al contenido de la reunión que el lehendakari convocó el lunes, la portavoz apenas reveló algunos detalles como el de la realización de una radiografía económica de futuro dada la "rotunda" negativa de las diputaciones a acometer una reforma fiscal que haga sostenibles los servicios públicos. En dicho encuentro, continuó relatando Mendia, el Gobierno Vasco concluyó que no son necesarios más recortes este año y apostó por garantizar los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, justicia y un sistema sostenible de ayudas sociales, además de impulsar medidas para la creación de empleo. "Apostamos por una salida de la crisis totalmente diferente a la que promueven otras comunidades autónomas y el propio ejecutivo de Mariano Rajoy, que está propiciando recortes en servicios públicos esenciales", se insistió ayer desde el Gobierno.

En referencia a las consecuencias que podría tener para los Presupuestos vascos un descenso de la recaudación de los ingresos de las haciendas vascas con respecto a lo previsto el pasado mes de octubre por el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), Mendia aplazó el tema hasta febrero, cuando se conozca la recaudación definitiva en el seno del CVF, aunque sí mostró su "preocupación" por ese posible descenso, que ha llevado al Gobierno a apretarse el cinturón en las Cuentas de 2012, que decrecen un 1% con respecto a los del año anterior. En este sentido reiteró Mendia la política de reordenación llevada a cabo por su Gobierno desde que recalo en Ajuria Enea con el fin de ser más eficiente, eliminar gastos superfluos y ahorrar dando los mismos servicios.

Informe jurídico La portavoz del Ejecutivo vasco también avanzó que todavía no dispone del informe jurídico que se ha encargado para conocer si las medidas aprobadas por el Gobierno español para hacer frente a la crisis y rebajar el déficit, como el aumento de la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales, es de obligado cumplimiento en Euskadi.