Vitoria. El plazo del Gobierno ha terminado sin que los agentes sociales hayan alcanzado un pacto en materia laboral más amplio del que firmaron el pasado martes. Un acuerdo de mínimos que deja en manos de Rajoy y su equipo las decisiones clave de la reforma como los modelos de contratos, el coste del despido, los salarios o la capacidad del empresario para descolgarse del convenio colectivo. Aunque patronal y sindicatos han pedido más tiempo, las diferencias en estos puntos son muy grandes y todo apunta a que el Ejecutivo empezará hoy mismo a diseñar las líneas maestras de una reforma que quiere tener lista para mediados de febrero.

Lavar la cara del mercado de trabajo y reducir el paro es un objetivo prioritario del Gobierno del PP. Para aplicar reformas con respaldo social, Mariano Rajoy puso a trabajar a los agentes antes incluso de tomar posesión de su cargo y les avisó de que quería acuerdos de peso para después del día de Reyes. Pero las negociaciones, como ha ocurrido en las dos ocasiones anteriores en que sindicatos y patronales han intentado dibujar una reforma laboral, solo han puesto de manifiesto la enorme distancia que existe entre las partes. De hecho, este último fin de semana no ha habido reuniones.

Solo se han llegado a sellar media docena de acuerdos, "insuficientes" según el Gobierno. Entre estos puntos destacan las medidas para controlar el absentismo, el mantenimiento de las jubilaciones anticipadas o la mejora en la resolución de conflictos para resolver las discrepancias sobre la ultraactividad de los convenios.

También se ha pactado prorrogar el acuerdo de formación para el empleo y el relativo a las bonificaciones a empresas que utilizan ERE de reducción de jornada o suspensión en lugar de practicar despidos.

Por último, los agentes están dispuestos al traslado de tres festivos a lunes en el calendario laboral para suprimir los puentes -15 de agosto, 1 de noviembre y el 6 de diciembre-, si bien todo apunta a que no será este año cuando entre en vigor el cambio de fechas como quería la CEOE.

Hasta aquí llega el consenso de los agentes, dejando sin resolver un buen número de asuntos clave que, salvo que se amplíe el plazo de negociación, deberán ser modificados por el Gobierno a partir de hoy.

Sin acuerdo Uno de los puntos de desencuentro, aunque no el más espinoso, es el relativo a salarios. CCOO y UGT aceptan introducir en el acuerdo para este año y el que viene subidas salariales por debajo del IPC -en 2011 en el 2,4%- a cambio de poder recuperar esa pérdida cuando se salga de la crisis. Los empresarios, sin embargo, abogan por que los sueldos queden congelados, a lo que los primeros se oponen.

También ha estado sobre la mesa una nueva estructura de negociación colectiva que debe decidir el peso de los convenios y la capacidad de los empresarios de desligarse del cumplimiento de los acuerdos salariales.

Otro elemento de discordia es la contratación. La patronal quiere menos tipos de contratos y más sencillos, más flexibles y con un despido más barato -los empresarios han planteado que el despido improcedente sea de 20 días en vez de 45-. En este sentido, UGT y Comisiones aceptaron la semana pasada fomentar la conversión de empleo a jornada completa en contratos a tiempo parcial para evitar despidos, pero su disposición no ha conducido al acuerdo.

Y es que a pesar de que tanto sindicatos como patronales dicen confiar en lograr un plazo de gracia y alcanzar un gran pacto, el presidente de Cepyme -patronal de pequeñas y medianas empresas-, Jesús Terciado, dijo hace unos días que "volver a negociar sería perder el tiempo". Sobre la voluntad de las organizaciones empresariales de alcanzar un consenso, el secretario general de CCOO, Ignacio Toxo, acusaba ayer a un sector de la CEOE de estar dinamitando las negociaciones "posiblemente porque han llegado al Gobierno los suyos y quiere que el Ejecutivo actúe", dijo en el diario Público.

Sin embargo, un gran pacto social similar al de la reforma de pensiones de Zapatero, aunque muy improbable a estas alturas, no es una cuestión menor puesto que, además de contar con mayores garantías de cara a Europa, evitaría futuras confrontaciones con las centrales, que ya han adelantado que una reforma por decreto no tendrá éxito.

De ahí que el Gobierno haya espoleado hasta última hora a los agentes para seguir buscando acuerdos. Ayer, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, les instó a apurar "las horas y los minutos" en unas negociaciones que, salvo cambio de parecer por parte del Ejecutivo, han concluido formalmente esta medianoche. En principio no se espera que en el consejo de ministros del viernes se vaya a adoptar ninguna medida de peso aunque sí se podrían aprobar algunos de los puntos en los que ha habido consenso entre los agentes sociales.