madrid. El Consejo de Ministros estudiará hoy el estado de las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma laboral, aunque no tomará ninguna decisión al respecto. En concreto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la encargada de informar al resto de miembros del Gobierno de las negociaciones, puesto que el plazo para que los agentes sociales lleguen a un acuerdo expira este domingo, aunque formalmente Rajoy se ha marcado la fecha del 15 de febrero para aprobar la nueva legislación.
Las posturas de los agentes parecen estar cada vez más alejadas, hasta el punto que los empresarios ya dan el acuerdo por perdido y han pedido al Gobierno que legisle cuanto antes.
La CEOE, por boca de su secretario general, José María Lacasa, aseguró ayer que el Gobierno deberá "reaccionar" al documento en el que se recogen los acuerdos alcanzados entre la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral.
Los agentes sociales han cerrado acuerdos para el fomento de la solución extrajudicial de conflictos, la mejora de la formación para el empleo y el control del absentismo, así como para el traslado de algunos festivos a los lunes para racionalizar los puentes, pero no han alcanzado ningún consenso sobre contratación, salarios intermediación o flexibilidad externa.
Mientras tanto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea, un organismo compuesto por un centenar de economistas de prestigio) cree que el Gobierno debería legislar su propia reforma laboral cuanto antes para ganarse la confianza de los mercados, más allá de los temas acordados o no entre los agentes sociales, a los que no considera representativos.
Fedea pone sobre la mesa una serie de recetas para que el Gobierno elabore la próxima reforma laboral, entrado también en la negociación colectiva, que los agentes sociales han defendido en el último documento remitido al Gobierno como un territorio estrictamente bilateral.
contrato único Así, los expertos sugieren al Ejecutivo que se logre mayor flexibilidad interna dando mayor peso a las empresas y reduciendo el efecto vinculante de los convenios superiores, para facilitar los descuelgues.
Asimismo, Fedea recalca la necesidad de limitar la ultraactividad (prórroga automática de los convenios en ausencia de acuerdo para su renovación), para que sus claúsulas normativas decaigan si no ha habido acuerdo de renovación pasado un año, y de limitar "al máximo" las cláusulas de revisión salarial.
Si bien, la propuesta estrella de Fedea vuelve a ser un contrato indefinido único, que sustituya los actuales ordinario y de fomento del empleo, con un coste por despido progresivo con un máximo de 33 días por año, al que une un sistema de bonus-malus para que aquellas empresas con más rotación de personal paguen mayores cotizaciones sociales y las vean reducidas cuando tengan más empleo estable. Este contrato único tendría una indemnización por despido, tanto procedente como improcedente, creciente en virtud de la antigüedad, desde los 8 a 12 días previstos para los temporales (para desincentivar este tipo de contrato y reducir la rotación) hasta un máximo de 33 días, en virtud de la antigüedad y a razón de dos días más por año trabajado.
