vitoria. Punto final para el culebrón que ha enfrentado a la hacienda alavesa y la Agencia Tributaria desde que en junio de 2009 la Junta Arbitral fallara a favor de los intereses alaveses en el conflicto por el IVA de Rover. Un tira y afloja valorado en 435 millones de euros que el Estado pagó a Araba en cumplimiento del dictamen de la Junta Arbitral pero que, posteriormente y a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Tribunal Supremo dirimió a favor del Estado.

Según explicó ayer la Diputación alavesa, el gabinete de Javier de Andrés ha decidido retirar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional interpuesto poco antes de las últimas elecciones forales por el entonces gobierno del jeltzale Xabier Agirre. La decisión, que supone de facto dar por buena la postura de la Agencia Tributaria, se ha tomado tras cerrar el pasado octubre -todavía por lo tanto con el PSOE en La Moncloa- un acuerdo entre la Diputación y el Gobierno central para devolver esos 435 millones de euros en tres pagos. En virtud de este acuerdo, el gobierno foral alavés ha abonado en 2011 a través de la liquidación del Cupo y de los ajustes de IVA y otros impuestos especiales 145 millones de euros correspondientes al denominado caso Rover. Los dos abonos restantes al Estado se liquidarán en 2012 y 2013 por similares cuantías a la pagada el pasado año. La decisión del gabinete popular alavés no es compartida por el PNV, anterior responsable de la Diputación y responsable del recurso ante el Constitucional que ahora ha retirado De Andrés, y tras conocerse ayer su portavoz en Juntas, Ramiro González, pidió explicaciones al diputado general al respecto.

La situación tiene su origen en el pago de 435 millones que hizo a Euskadi el Gobierno entre finales de 2009 y principios de 2010, correspodientes a la devolución del IVA por la importación de vehículos que la marca Rover llevó a cabo entre 1990 y 2005 tomando como base de operaciones el puerto seco de Araia.

Desde el País Vasco se argumentaba que los vehículos Rover llegaban a Araia, donde se hacían algunos trabajos como el desparafinado de las carrocerías, de ahí que defendieran que correspondiera a Euskadi el cobro del IVA. El Gobierno central, sin embargo, recurrió ante el Tribunal Supremo, quien falló a favor del Estado al entender que es la Administración central la competente para la exacción del IVA porque la sede social de Rover está en Madrid y no en Araba.