Vitoria. Lanbide cumple un año con demasiadas sombras. Doce meses en los que el Servicio Público Vasco de Empleo ha tropezado con innumerables obstáculos justo en el ciclo de máximo históricos del paro. En la plantilla cunde la sensación de que se han perdido 365 días, los directores de las oficinas más importantes -las que dan servicio a un mayor número de personas sin empleo- cuestionan el rumbo del organismo y los casi 150.000 vascos inscritos en las listas del paro no encuentran respuestas.

En el ámbito sindical, ELA y LAB mantienen una fuerte oposición y han iniciado recientemente movilizaciones, pero UGT y CCOO no encuentran espacio para la crítica en un escenario por el que transitan con las manos atadas por su presencia en el consejo de administración. Y todos los partidos, a excepción del socialista, han dado dos duros golpes a la gestión del Departamento de Empleo en poco más de un mes. Primero, forzaron en noviembre al Gobierno a cambiar la figura jurídica de Lanbide para mantener un control más férreo sobre sus actividades y actuaciones. Recientemente han reprobado la gestión de la dirección en una comisión parlamentaria.

La guinda del caos está a punto de llegar, según anuncian varios agentes implicados, con la puesta en marcha de la atención a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a partir de enero. Las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa se han tenido que hacer cargo de las nóminas de diciembre, a pesar de que el traspaso de los pagos ya aprobados se materializó hace unas semanas, para evitar que se quedaran sin cobrar. Ambas instituciones han criticado la improvisación del Gobierno Vasco en esta materia.

Traspaso de la competencia Son datos que confirman el escaso pulso del sistema. La transferencia de las políticas activas proporcionó a la Comunidad Autónoma Vasca las piezas del puzle, pero el Gobierno no ha conseguido encajarlas para poner en marcha el servicio de empleo. Al contrario, varias de las decisiones han complicado aún más la activación de los resortes de la lucha contra el paro.

El 22 de septiembre de 2010, el PNV cerró el acuerdo para apoyar los últimos Presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero. A cambio, el Estado se comprometió a traspasar a la CAV 30 competencias pendientes, incluidas las políticas activas de empleo (la orientación e inserción laboral y el fomento del empleo, entre otras). El éxito de la formación que preside Iñigo Urkullu cogió con el paso cambiado al Gobierno de Patxi López, que se encontró con un presupuesto de 472 millones de euros, superior a sus aspiraciones iniciales, y con una transferencia negociada por el principal partido de la oposición.

A raíz de esa situación, el Ejecutivo vasco intentó recomponer su imagen dándole una impronta propia a Lanbide. Para ello, entre otras cuestiones, decidió dotar al servicio de empleo de una controvertida figura jurídica, ente público de derecho privado, que fue inmediatamente criticada por el resto de partidos, incluido el PP.

Esas cuestiones han emborronado la letra de Lanbide. El ejemplo más gráfico de los tiempos desajustados en los que se ha movido el organismo es el retraso en más de un mes en colocar los carteles y distintivos en las oficinas de empleo.

Mientras tanto, la división sindical se trasladó al servicio. A mediados del pasado mes de enero, ELA y LAB nombraron sus vocales en el consejo de administración, pero anunciaron que sus representantes suspendían su participación en el órgano de gobierno por la exclusión que, a su juicio, sufrieron en el proceso de creación de Lanbide.

El Gobierno adujo que el diseño del servicio se gestó en la Mesa de Diálogo de Lakua, donde tampoco participan los dos sindicatos aber-tzales. El enfrentamiento ha sido una constante interna de Lanbide.

El proceso de selección de las jefaturas recibió fuertes críticas de ELA, que denunció que se trataba de un concurso dirigido para que las plazas fueran adjudicadas a personas concretas. Cuando se conocieron los nombres se confirmó la quiniela del sindicato abertzale.

Después del verano, este diario publicó varias informaciones sobre actuaciones controvertidas en la gestión de Lanbide. En esa casa, la plantilla ya habla de caos y observa con recelo los contratos que recibe Fondo Formación, una empresa que cuenta entre sus accionistas con Mikel Unzalu -parlamentario del PSE- y Gloria Múgica -directora de Innovación en el Empleo del Departamento de Zabaleta-, junto a otros militantes socialistas. UGT también recibe subvenciones al tiempo que está presente en el consejo que toma las decisiones del Servicio de Empleo. La participación de ambas se ajusta a la legalidad.

Los desajustes en la gestión se suman a la carga de trabajo que supondrá a partir de enero la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos. Los trabajos de adecuación y las primeras atenciones han colapsado algunas oficinas que han tenido que cerrar ante la imposibilidad de atender al público que hacía cola. La situación es tan preocupante que ELA y LAB, por una parte, y los doce directores de las oficinas de Lanbide más importantes de Bizkaia han transmitido por carta a Zabaleta su desacuerdo con la gestión del organismo.