La plantilla teme que las oficinas se colapsen cuando el organismo gestione la Renta de Garantía

elnuevo programa informático supondrá una inversión de más de tres millones de euros

vitoria. Todo lo que rodea a la gestión interna de Lanbide complica la atención a los parados, denuncian los sindicatos mayoritarios. Pero la verdadera amenaza está todavía por llegar. A partir del próximo 1 de enero las oficinas del Servicio Vasco de Empleo también atenderán a los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI). Existe un claro riesgo, aseguran las centrales críticas, sobre todo si como ya ha adelantado el propio Gobierno vasco el próximo año aumentará el número de personas que se ven obligadas a solicitar la ayuda que reciben aquellos que ya han agotado todas las prestaciones.

Hay oficinas en Bilbao que rozan las mil visitas al día a las que se sumarán ahora los beneficiarios de la renta de garantía. Se trata de una decisión tomada por el Gobierno vasco con el objetivo de centralizar el máximo de actividades en Lanbide, transmitiendo a la opinión pública que se trata de un organismo a pleno rendimiento, aseguran fuentes sindicales. Para hacerlo no tienen ningún reparo en aumentar la carga de trabajo global restando eficacia a la razón de ser del servicio, la búsqueda de nuevas salidas profesionales para los ciudadanos en paro. De forma paralela se siembran sospechas de los anteriores responsables de la gestión de la RGI ayuntamientos y diputaciones, cuya estructura ha quedado desmantelada para formar otra paralela y mucho más cara, sostienen los representantes de los trabajadores.

Un ejemplo de esta situación es la adjudicación a través de una licitación de un contrato a una multinacional para la elaboración de un programa informático para gestionar la renta de garantía. Aunque logró la valoración técnica más alta, su oferta económica era la más elevada, casi 3,2 millones de euros. Una cantidad por ejemplo que supone algo menos de la mitad del dinero destinado a la externalización de los cursos de orientación.

No hay ajustes presupuestarios en esa cuestión y, pese a que las otras dos ofertas eran de 2,7 y de 3 millones, en la resolución del concurso el director general de Lanbide Javier Ramos Salazar asegura que se trata de la oferta económicamente más ventajosa. Otro ejemplo de la manera en la que los socialistas actúan en relación a una transferencia lograda por el PNV.