vitoria. La principal herramienta del Gobierno Vasco en la lucha contra el paro, Lanbide, está a punto de convertirse en su mayor fracaso. A menos de dos meses del primer aniversario de la transferencia de las políticas activas de empleo, el número de desempleados no para de crecer y el Servicio Público de Empleo se ha instalado en un caos de desorganización que complica su respuesta, según denuncia la mayoría del comité.
En un escenario azotado por el incesante incremento del número de desempleados, el Ejecutivo no logra dar con la tecla que detenga la sangría. Mientras tanto, la gestión de Lanbide está anclada a un cúmulo de controvertidas decisiones que alimentan el descontento en la plantilla y frenan de facto su capacidad de respuesta. La parte más beligerante del comité de empresa -ELA, LAB y CSIF- se refiere a Lanbide como el cortijo. Un lugar donde el patrón hace y deshace a su antojo.
En cambio, la implicación de UGT en la gestión es tal que sus representantes envían correos electrónicos informando de los nombramientos de las jefaturas y, junto a CCOO participa en reuniones con la dirección en las que no están invitados el resto de los representantes de los trabajadores. Ambos sindicatos forman parte junto al Gobierno y Confebask del consejo de administración del Servicio. En el caso de UGT recibe además dinero por adjudicarse concursos públicos de formación y orientación.
Una de las primeras resoluciones adoptadas, el arranque de Lanbide como ente público de derecho privado, ha sido recientemente anulada por la decisión de todos los partidos del Parlamento salvo el PSE de forzar al Gobierno de Patxi López a transformar el servicio en un organismo más controlado por los poderes públicos, como ocurre en el resto del Estado.
Hasta esa modificación que agilizará sus labores a medio plazo y lo hará más transparente, es negativa en estos momentos de urgencia en el mercado laboral. Todo el tiempo dedicado hasta ahora a la elaboración de la relación de puestos de trabajo, el esquema estructural, no se ajusta al nuevo modelo. Está en la papelera de alguna oficina.
Los sindicatos mayoritarios, que denuncian ahora que la RPT no estaba tan avanzada como aseguraba el Ejecutivo vasco, sospechan que tras las prácticas dilatorias los responsables del Departamento de Empleo, con la complicidad de UGT, han maniobrado para abrir la puerta de la plantilla a personas cercanas.
Sabiendo que iba a perder la votación en el Parlamento sobre el cambio de estatus, el Gobierno presentó una moción al resto de grupos para tener carta blanca a la hora de funcionarizar la plantilla. La oposición y su socio preferente, el PP, tumbaron la iniciativa y solo podrán acceder a esa posición el personal laboral derivado del antiguo Inem y de Langai. Al parecer, el descontento popular con la actuación del Departamento de Gemma Zabaleta en esta cuestión es notable.
Otro ejemplo a juicio de la mayoría del comité del intento de convertir el Servicio de Empleo "en un cortijo" ha sido el proceso de designación de las jefaturas. El Gobierno activó a principios de año un proceso de selección de los responsables de área abierto formalmente a todos los trabajadores con plaza en propiedad en Lanbide, que, sin embargo, estaba ya adjudicado a un grupo de personas a las que se les había ofrecido los puestos.
Se realizaron entrevistas con los trabajadores interesados, pero nunca se comunicó a las aspirantes una decisión. Tampoco a la plantilla en general, que recibió en junio un correo electrónico enviado por el máximo responsable de UGT en Lanbide, Raúl Arza, en el que se detallaban las personas seleccionadas para cada jefatura. Eran los nombres que sonaban desde el principio.
"sin objetividad" Mientras tanto, las puertas de la plantilla han estado abiertas a diversas contrataciones sin unas "mínimas condiciones de objetividad", denuncian los sindicatos beligerantes, que tienen un mayor peso en el comité -15 frente a 8-. A fecha 3 de octubre habían sido contratados 93 trabajadores, orientadores y administrativos, de las bolsas de trabajo de Lanbide y del Gobierno Vasco. El objetivo es contratar a doscientas personas, algunas en situación de interinidad y otras con fecha de caducidad el 30 de junio de 2012. Muchas de ellas son quienes participarán en la apertura hasta las 20.00 horas de algunas oficinas, una experiencia piloto que se ha adelantado a mañana día 15 de noviembre, pero un buen número no ha tenido conocimiento de su nuevo horario hasta después de firmar el contrato.
Las cinco centrales opinan que esos puestos deben ofrecerse antes a personal ya contratado que quiera promocionar. De forma paralela, 70 funcionarios del antiguo Inem acuden cada día a las oficinas centrales de su herrialde sin una labor concreta que desempeñar. Se trata de personas que se opone a las intenciones de Zabaleta de centralizar la gestión administrativa en Gasteiz. Según los sindicatos, ese personal está hacinado en las instalaciones. La crítica va más allá, porque al mismo tiempo que se contrata con criterio discutible, se externalizan los programas de orientación de los parados y se destinan a ello cerca de ocho millones de euros. Según figura en la página web de Lanbide, uno de los beneficiarios es UGT, otro Fondo Formación, una empresa de la que es accionista, Gloria Múgica, mujer de José Manuel Salinero, el secretario general de Lehendakaritza, y directora de inclusión social en el Departamento de Gemma Zabaleta. Su participación se ajusta a los límites establecidos por la ley. No se ha hecho público un listado con las empresas que han recibido esos fondos.
En un escenario en el que el servicio se mantiene inoperante en líneas generales y el desempleo no para de crecer, los sindicatos consideran poco menos que una burla que la dirección plantee que los mayores de 65 años sigan trabajando si así lo desean hasta los 70.
los datos
l Contrataciones temporales. A principios de octubre se habían incorporado a Lanbide 14 orientadores y estaban a punto de hacerlo otros 19. El objetivo es contratar más personal de orientación hasta alcanzar los 90. Alguno de ellos con contrato temporal hasta el 30 de junio de 2012. También se contratará 110 administrativos, que serán formados por auxiliares administrativos de plantilla a los que la dirección rechaza subir la categoría.
l Externalización. A pesar de las contrataciones, se han adjudicado siete millones a empresas externas para labores de orientación.
3,18
l millones de euros. Lanbide abrió un concurso para la adjudicación de una aplicación informática para gestionar y controlar la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos, que a partir de enero dependerá del Servicio Público de empleo. Se adjudicó a la oferta más cara, que tuvo más puntos en la valoración técnica. El personal de Lanbide considera que se trata en cualquier caso de una cifra muy alta en medio de la crisis.
deficiencias en la gestión del servicio de empleo >
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