Vitoria. "2012 será un año excepcionalmente duro que exigirá medidas excepcionalmente duras", anunció ayer la portavoz del Gobierno, Idoia Media, durante la presentación del Proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio. Apenas tardó su colega Carlos Aguirre, consejero de Economía, en poner cara y apellidos a esos ajustes que enmarcó en unas Cuentas "razonadas, razonables y solidarias que han sido diseñadas para no dejar a nadie abandonado a su suerte", remarcó. La difícil coyuntura económica tanto en el ámbito vasco como el internacional -unido a las débiles previsiones de ingresos que el Consejo Vasco de Finanzas estimó reciemente para 2012- presagiaban una economía de guerra que ayer quedó de manifiesto a las primeras de cambio. El jirón más serio se lo llevaron las prestaciones sociales, el paraguas ante la crisis de muchos ciudadanos, que se verán reducidas en un 7% ante la imposibilidad de amortiguar el severo impacto de la crisis en la recaudación fiscal. En ese contexto, marcado también por los exigentes límites impuestos a la política de endeudamiento público, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -de la que dependen unas 54.000 familias vascas sin recursos o con salarios o pensiones muy bajas-, las ayudas por hijos o el complemento de vivienda serán víctimas del recorte.
El Gobierno Vasco anunció que la partida destinada al gasto social se congelará (280 millones de euros) aún siendo consciente que la demanda prevista para el año que viene crecerá. La ecuación se saldará con un recorte del 7% que situará la RGI en los 524 euros mensuales, unos 30 euros menos que este año.
La medida choca de lleno con el mensaje que hace unas semanas lanzó el propio Gobierno a través de la consejería de Asuntos Sociales, cuando aseguró que no se modificarían las cuantías. El recorte de las mismas se introducirá a través de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos y sólo cubrirá el 81% del Salario Mínimo Interprofesional, y no el 88% como hasta ahora. El Ejecutivo socialista precisó en varias ocasiones el carácter "excepcional y transitorio" de la medida, sin embargo, apenas causó el efecto esperado. A media tarde, los comunicados críticos con la propuesta inundaron todas las redacciones. EA fue la primera en salir. A través de su portavoz parlamentario, consideró la propuesta un ataque a la dignidad de todas las personas que van a verse sin recursos suficientes y en verdadero riesgo de exclusión social. "El PSE pretende modificar la ley por la puerta de atrás, muy al estilo Cospedal", denunció Juanjo Agirrezabala.En la misma línea se manifestarían después ELA, LAB, CCOO y UGT, que calificaron las "recetas" del Ejecutivo vasco como un "nuevo despropósito" para atacar a los colectivos menos desfavorecidos. Otra de las herramientas sociales para hacer frente a la crisis, el complemento de vivienda, sufrirá un reajuste todavía peor. Hasta la fecha se establecía una ayuda para el pago del alquiler de un mínimo de 250 euros que aumentaba en función del número de miembros de la familia. Pues bien, el próximo año habrá un pago único, el de los 250 euros. Y respecto a las ayudas por nacimientos de hijos, también se reducirán en un 7%.
El Proyecto de Presupuestos 2012 asciende a 10.449 millones de euros, un 1% menos que este año. El tijeretazo afectará a todos los departamentos (ver cuadro) menos dos: Presidencia y Vivienda, Obras Públicas y Transportes, que protagonizan subidas destacadas. El primero, debido al aumento de la partida de un fondo de innovación (62,5%) participado por las tres diputaciones y el propio Ejecutivo para incentivar la investigación aplicada y básica en Educación, Industria, Sanidad y Agricultura. En el caso del segundo, debido al aumento de las obras del TAV. Las próximas Cuentas también contemplan la congelación salarial para todo el personal de la administración vasca (74.000 funcionarios) y un crecimiento "cero" de las plantillas. A jucio de Aguirre, la "nececesaria austeridad" viene motivada por la disminución de los ingresos no financieros (un 1,3% menos que el ejercicio anterior) y la caída de la aportación de las diputaciones, que bajará un 2% y seguirá sin alcanzar los niveles de recaudación que se dieron en 2006. Del proyecto también destaca el incremento de un 57% de la partida destinada a los Gastos Financieros Totales, que el año que viene ascenderán a 256 millones de euros. Esta partida cubrirá los intereses generados por las peticiones de deuda pública emitidas por Lakua. En el capítulo de inversiones, la previsión del Gobierno es respetar las que ya estén en marcha y "limar" el resto, y ante la posibilidad de incrementar la vía de los ingresos a través de desinversiones, Aguirre reconoció estar negociando la posible venta y alquiler (sale&leaseback) de algunos inmuebles.
