VITORIA. Álava, Bizkaia y Gipuzkoa acudirán hoy al Consejo Vasco de Finanzas con una lectura compartida que confrontarán a la postura del Gobierno de Patxi López. Las tres diputaciones rechazan la exigencia del Ejecutivo de incluir como recaudación ordinaria el dinero recuperado de las vacaciones fiscales, porque el 70% de esos fondos pasaría directamente a las arcas de Lakua. Su intención es disponer de parte de ese dinero para que a su vez los fondos disponibles de los ayuntamientos de cada herrialde sean también más altos.
Para ello plantearán que cada Diputación negocie con el Departamento de Hacienda cómo realizar el ingreso y que plazo, abriéndose la posibilidad de que la operación se realice de forma escalonada. La otra columna del acuerdo alcanzado ayer es la critica también compartida al Gobierno Vasco por su decisión de no actualizar la Ley de Aportaciones, el instrumento que establece el flujo de fondos entre las diputaciones y Gasteiz.
La norma tenía que renovarse este año, pero el Ejecutivo ha renunciado a ello a pesar de las presiones de las diputaciones. La posición institucional común, establecida salvando los tradicionales problemas territoriales y el inusual reparto del color de sus instituciones, se fijó ayer en una jornada frenética a nivel técnico e institucional. Los contactos permanentes entre las haciendas vascas contaron con el catalizador de dos reuniones al más alto nivel.
El nexo de ambas fue José Luis Bilbao que por la mañana se reunió en Vitoria con el diputado general de Álava, Javier de Andrés, y por la tarde con el de Gipuzkoa, Martin Garitano, en Donostia. El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, también participo en esta negociación a varias bandas en la que tres partidos -PNV, PP y Bildu- se pusieron de acuerdo.
Los encuentros desbrozaron el camino para el acuerdo, considerado esencial de cara a la reunión del Consejo de Finanzas debido a la inflexible hasta ahora posición del Departamento de Hacienda. El enfrentamiento en torno a cómo gestionar las ayudas fiscales recuperadas llega abierto después de que durante toda la jornada de ayer no se produjera ningún contacto con el consejero Carlos Aguirre.
Las diputaciones esperaban al menos una llamada y consideran que el consejero de Hacienda buscó mostrar una posición de fuerza al no descolgar el teléfono. En juego está el destino de unos 290 millones de euros ya recuperados por las haciendas forales. Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró este año las ayudas definitivamente ilegales -sin margen para más recursos-, ese dinero ha dejado de estar en reservas ante la posibilidad de tener que devolvérselo a las empresas en caso de un fallo favorable a los intereses vascos. Y Lakua quiere disponer de esos fondos ya ante sus urgencias presupuestarias.
Presupuestos municipales Si se impone su criterio también entrará directamente en sus arcas en el futuro el 70% del dinero que queda por recaudar según Bruselas, cerca de 576 millones de euros. De esa cantidad, Bizkaia tiene pendientes unos 65 millones de euros y está en pleno proceso de recuperación. Gipuzkoa y Álava suman más de 500 millones de euros en ayudas todavía sin reintegrar, la mayoría disfrutados por bodegas alavesas. Las diputaciones recordarán hoy al Ejecutivo de Patxi López que si esos recursos salen de sus cajas se mermarán automáticamente los recursos disponibles de los ayuntamientos, que elaboran sus presupuestos en función de las previsiones de ingresos de los entes forales. Ése será el principal escollo del Consejo Vasco de Finanzas en el que Gobierno y diputaciones fijarán la guía de los cuentas públicas de la CAV con las estimaciones de recaudación del año que viene. La cifra, en número redondos, rozará los 12.200 millones de euros, un 2% más que los ingresos de este año. El cierre del ejercicio actual se situará 700 millones por debajo de las previsiones iniciales, que eran de algo más de 12.500 millones. Para ajustar la nueva estimación es necesario definir el destino de las ayudas ilegales recuperadas y por ello se intuye que el Consejo de Finanzas puede alargarse más de lo habitual. Al margen de esta cuestión, las diputaciones siguen trabajando conjuntamente para llegar al máximo consenso posible y alcanzar antes de fin de año un acuerdo de mínimos en materia fiscal. También parece posible que se encuentren sensibilidades tan contrapuestas en el ámbito tributario como PNV, Partido Popular y Bildu.
