Vitoria. La esperanza se desvanece entre la plantilla de Esmaltaciones San Ignacio. Al mazazo de la jueza de lo Mercantil primero, que aceptó el pasado día 12 la liquidación de la empresa, se unió ayer la decisión del Ayuntamiento que gobierna Javier Maroto, que dio por finalizado su recorrido junto a los trabajadores afectados al constatar a través de una auditoría que la dirección de la histórica compañía alavesa no incurrió en falta alguna sino todo lo contrario: cumplió íntegramente el convenio que firmó en su día con el Consistorio. El clavo al que se agarraban los casi 90 despedidos de encontrar un resquicio de ilegalidad en la operación urbanística -avalada por el Ayuntamiento- que permitió a Esmaltaciones recalificar sus antiguos terrenos en Olárizu y conseguir unas plusvalías de 26 millones de euros, se desvaneció cuando el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, auditoría en mano, reconoció que la empresa hizo cuanto debía. "Lograron unas plusvalías millonarias con el compromiso de invertirlas después en su nueva planta en Jundiz, algo que finalmente sí llevaron a cabo con una apuesta de 30 millones, más de lo esperado", detalló Aránguiz, quien lamentó el poco margen que le resta ya al Ayuntamiento en este asunto. "Se cumplió el convenio y ya está; no podemos hacer mucho más al respecto".
"Que no se vayan de rositas" Visiblemente contrario a esta actitud se manifestó en cambio el grupo municipal de Bildu. A juicio de uno de sus portavoces, "se puede hacer mucho más de lo que se cree", esgrimiendo a continuación la necesidad de emprender acciones legales para que compañías que lleven a cabo prácticas de este tipo "no se vayan de rositas". También conminó Bildu al Gobierno a impulsar "acciones de empleo específicas" para todos los trabajadores de Esmaltaciones que han sido despedidos.
