vitoria. Aunque no hay postulado oficial, cada vez gana más enteros el hecho de que las empresas vascas implicadas en las denominadas vacaciones fiscales deberán devolver todo el dinero que recibieron legalmente en la década de los 90. De una parte, la Diputación de Bizkaia rompió hace unas semanas el consenso foral vasco al anunciar su diputado de Hacienda que exigiría el pago absoluto a todas sus empresas, cuando históricamente siempre había manifestado lo contrario. Ayer fue el turno de Álava, que a través de su diputado general, Javier de Andrés, pidió al lehendakari que de cara a su próxima reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, el vasco Joaquín Almunia, sea capaz de arrancar un "compromiso" de retrasar el pago de la millonaria penalización que Bruselas le ha impuesto hasta que haya una resolución firme del Tribunal de Luxemburgo.
Multa millonaria La multa asciende a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006. A este respecto, De Andrés sugirió que "no es exigir mucho" que se tenga en cuenta el criterio contemplado en el ordenamiento jurídico español de que "no se sanciona hasta que haya una sentencia firme". En este sentido, anunció que trasladará esta petición al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, a quien recordará también que los acuerdos que se alcancen con la Comisión Europea tienen "un límite" para el Ejecutivo vasco, "ya que la gestión fiscal es competencia de las Diputaciones", aseveró el diputado general alavés.
