vitoria. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, criticó ayer que la Diputación de Bizkaia haya actuado por separado y roto la actuación coordinada de las tres haciendas vascas para "dejar a su suerte a Gipuzkoa y Álava" frente a la reclamación de la UE para que se devuelvan ayudas fiscales a empresas concedidas en la década de los 90, las denominadas vacaciones fiscales. Bizkaia expuso el martes que las 26 empresas vizcaínas implicadas deberán devolver 65 millones de euros. En declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia organizada por Elkargi en Bilbao, el consejero explicó que el abogado del Estado, que defiende los intereses de las haciendas vascas, está manteniendo "muchas reuniones" para "coordinar" una respuesta y establecer los mecanismos para que, cuando la siguiente resolución de la UE determine la cantidad a devolver, "ninguna de las empresas afectadas tenga que cerrar". Por ello, Aguirre lamentó que Bizkaia, que era el territorio que "más había recuperado y que tenía menos empresas afectadas", se haya "desmarcado en lo que casi es un sálvese quien pueda" y haya "jugado su propia baza en relación a Gipuzkoa y Álava, probablemente intentando que esta decisión paralice la multa".
Por su parte, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró que pedirá como máximo responsable "que se aclare bien" todo este asunto para alcanzar una "mejor" coordinación. "Tenemos que analizar bien cuál va a ser nuestro comportamiento y nuestra defensa legal ante el sistema de la justicia europea", dijo.
"quién miente más" Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, denunció que los responsables institucionales "han competido en quién miente más" sobre este asunto y se preguntó si no hay "ningún responsable" de que "vayamos a pagar a escote una multa de Europa que día a día nos cuesta más". Muñoz también se preguntó "por qué no nos cuentan cuánto han supuesto los regalos fiscales que se han dado al capital, a los empresarios y a las rentas altas" porque "sabemos lo de las vacaciones fiscales porque la propia Europa ha obligado a que se sepa" ya que, de lo contrario, "aquí no se entera nadie de lo que ha pasado". Tras denunciar que desde los responsables institucionales "no hay ninguna voluntad de acometer el fraude", cuestionó a los gobernantes acerca de si no "echan de menos" los "regalos fiscales que se han hecho, en esta coyuntura en la que es necesario acometer políticas de solidaridad". Asimismo, recordó que el Gobierno anunció que, en el caso de que las empresas se vean abocadas a pagar, abrirá una línea de crédito "para darles dinero" y denunció que "mientras las haciendas en hagan en materia fiscal lo que mande la patronal no es posible una política de solidaridad".
