Vitoria. Se ha abierto una nueva etapa en el mapa político de Euskadi tras las últimas elecciones forales y municipales y ello va a tener consecuencias inmediatas en el sistema tributario, ya que es la primera vez que hay tanta disparidad política en los gobiernos forales y vasco y las Juntas Generales. La fiscalidad vasca ha vivido hasta ahora una larga época de armonización entre los tres territorios históricos que ya se vio alterada en la pasada legislatura, pero que en la que se acaba de iniciar podría quebrarse sensiblemente por las diferencias que las diputaciones recién constituidas ya han manifestado durante la reunión celebrada la semana pasada con el lehendakari, Patxi López.

Esas discrepancias se plasmarán sin duda en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en cuyo seno nunca había existido tanta disparidad política. Este instrumento -contemplado por el Concierto Económico del País Vasco con el fin de garantizar la armonización en materia tributaria entre Gipuzkoa, Bizkaia y Araba- está conformado por tres representantes del Gobierno Vasco y uno por cada uno de los tres territorios. Es decir, habrá tres miembros que han sido nombrados por el PSE, mientras que el resto de técnicos serán cargos de las haciendas forales designados por Bildu (Gipuzkoa), PNV (Bizkaia) y PP (Álava).

Tras la cita mantenida de manera individual entre López y Martin Garitano, Jose Luis Bilbao y Javier De Andrés, ha quedado claro lo que ya se presuponía, que Bizkaia y Álava tienen una concepción diferente a la planteada por el lehendakari de los cambios fiscales que hay que adoptar en los próximos cuatro años para hacer frente a la crisis. Bildu, por su parte, ha dejado caer que puede existir sintonía con la posición socialista en las modificaciones tributarias, lo que podría traducirse en la configuración de una mayoría en el OCT de cara a posibles acuerdos.

El Órgano de Coordinación tiene la misión de armonizar la normativa tributaria, especialmente la relativa a incentivos fiscales, aunque sus decisiones no son vinculantes para los territorios históricos, cuyas Juntas Generales poseen la capacidad normativa en materia fiscal. Las iniciativas surgidas de los gobiernos forales llegan al OCT, que se reúne normalmente una vez al mes para debatir sobre la necesidad de acercar posturas con el fin de no distorsionar la armonización entre la tributación de los tres territorios.

Estabilidad El hecho de que el PNV gobernara el Ejecutivo vasco durante las anteriores legislaturas y mantuviera el poder de al menos un territorio ha hecho que en el OCT no existieran discrepancias notorias que no pudieran superarse con la mayoría jeltzale y los consensos que siempre han existido en el órgano. Así, Gipuzkoa, Bizkaia y Álava han mantenido una coordinación tributaria muy estable, que estuvo a punto de romperse en la anterior legislatura por los planteamientos de Hamaikabat en Gipuzkoa, donde controlaba la Hacienda foral.

En 2008 el departamento que lideraba Pello González trató de que el territorio guipuzcoano redujera del 32,6% al 30% el tipo general del Impuesto de Sociedades, frente a la postura de los territorios vizcaino y alavés, gobernados por el PNV, que querían rebajarlo al 28%. Finalmente, el diputado general guipuzcoano, Markel Olano, dictó un decreto foral norma que fijó el porcentaje en el 28%, manteniendo así la armonización entre los tres territorios pero evidenciando las diferencias existentes en el Gobierno foral en materia de fiscalidad.

Posteriormente, Gipuzkoa decidió en 2009 mantener el Impuesto de Patrimonio pese a que Álava y Bizkaia decidieron suprimirlo, aunque en el ámbito de la ley vasca 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal no entran el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, por entender que una regulación diferente no produciría distorsiones o cambios de criterio en la asignación de recursos. Sin embargo, los hechos han puesto de manifiesto el error de cálculo del legislador, pues Gipuzkoa se embarcó en una cruzada por obtener 7,4 millones de euros que, según el anterior Gobierno foral, el Ejecutivo vasco prometió al territorio como compensación por las diferencias de reparto de los ingresos del año fiscal 2009 al haberse mantenido el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes guipuzcoanos. De momento, esa devolución sigue pendiente.

Protagonismo de López La escenificación del lehendakari la semana pasada durante las tres reuniones llevadas a cabo en Ajuria Enea con los diputados generales y su posterior propuesta de modificar cinco tributos no esconde la intención de buscar protagonismo en un ámbito en el que, en realidad, son las diputaciones y las Juntas Generales de los territorios históricos las que detentan la iniciativa y la capacidad normativa, respectivamente.

De todas maneras, López ha marcado un camino que a Bildu -el único partido que no tiene experiencia en la aplicación de política tributaria a nivel foral- se le presenta expedito de cara a posibles acuerdos en el Órgano de Coordinación Tributaria. Todo parece indicar que la armonización fiscal entre los tres territorios va a vivir tiempos complicados y que va a requerir consensos entre las posiciones de PSE y Bildu, por un lado, y las de PNV y PP, por otro.