El Gobierno portugués anunció la eliminación de las acciones de oro estatales en grandes empresas nacionales, como Galp, EDP o Portugal Telecom, que mediante derechos especiales le permitían el control de sus principales decisiones. El Ejecutivo portugué adoptó la decisión de acuerdo con el programa de reformas y ajustes económicos suscrito en abril con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional dentro del plan de rescate. Lisboa empezó ya a recibir los primeros fondos del rescate financiero de 78.000 millones que le concedieron ambos organismos para evitar la quiebra del Estado luso a cambio de reducir drásticamente su déficit.
