Donostia. ¿Qué consecuencias está teniendo tenido para el sector fotovoltaico la limitación de las horas anuales con derecho a tarifa eléctrica por parte del Gobierno?

En primer lugar, ha creado una inseguridad jurídica y una desconfianza por parte de los inversores que ha llevado a una paralización del sector, además del daño patrimonial que va a afectar a aquellos que han invertido en la instalación de plantas fotovoltaicas. Habrá gente que pierda sus plantas y otros que pierdan las garantías y los avales que han pedido para la financiación. Cuando en un negocio como éste, que es muy intensivo en capital y requiere de una inversión que se recupera a largo plazo, se le toca la línea de flotación como es la seguridad jurídica, desaparecen las inversiones. Nadie invierte. Antes se podía exigir una rentabilidad del 6% o 7% y ahora para invertir aquí te piden una garantía del 20%. Con este porcentaje no salen los números por la prima de riesgo del negocio.

¿Por qué el Gobierno sacó con el apoyo de CiU y PNV este descenso en las primas?

El problema principal es que hemos tocado la tarta de ingresos de las eléctricas y eso, en este país, es una cosa casi sagrada. La cuestión es que la energía fotovoltaica es una energía distribuida que no puede ser controlada por las eléctricas. En el sector eólico, la otra fuente de energía renovable que hay en España, las eléctricas se han metido porque son instalaciones que requieren grandes volúmenes de inversión. Por contra, en el sector fotovoltaico cualquiera puede montar unas placas solares y producir electricidad en su casa. En España hay una potencia instalada de unos 100.000 megavatios en todas las tecnologías, de los que 3.000 proceden del sector fotovoltaico, con lo que su cuota comienza a ser relevante.

¿Se puede afirmar que la paralización del sector fotovoltaíco procede de la presión de las eléctricas?

Sí, efectivamente. El mercado fotovoltaico mundial está creciendo de media un 80% en los últimos cuatro años. Alemania, que es el país líder en el sector, instaló en el año 2010 7.000 megavatios. Allí no hay déficit de tarifa ni nadie afirma que sube el recibo de la luz por culpa del sector fotovoltaico. Hay una apuesta por las energías renovables que está provocando una reducción de costes.

Entonces, mientras en Europa se crece, ¿aquí se va a contracorriente?

Así parece. En 2008, que fue un ejercicio bueno, se instalaron algo más de 2.500 megavatios; en el año 2009 la cifra bajó a 100 y en 2010 no llegó a los 400. El Plan de Energías Renovables del Gobierno contempla una media de instalación del orden de 350 megavatios anuales, mientras que Alemania en un año ha instalado 7.000. Aquí parece que con los 3.000 megavatios que tenemos ya es suficiente.

Pero el aumento de la tarifa eléctrica, ¿no se justifica por las primas a las energías renovables?

Hay una mucha mitología introducida por los intereses de las eléctricas en el sector. Una de ellas es que la energía fotovoltaica es muy cara y es la responsable de la subida de la tarifa de la luz. Eso es falso y lo desmentimos categóricamente. La causa de la subida de la luz está en el incremento del precio de los combustibles fósiles. Lo que ocurre es que en el mercado español hay deficiencias en cuanto a su funcionamiento y, sobre todo, a su falta de transparencia, que hace que no todos los costes aparezcan donde tienen que aparecer.

¿Están huyendo los inversores en energía fotovoltaica?

Pues sí. En España nadie quiere meter un euro en este sector por que no ofrece fiabilidad y la banca no quiere financiar inversión alguna. No se entiende el mensaje del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que va diciendo que la culpa del aumento de la luz es de las energías renovables. El funcionamiento de la energía eólica y la fotovoltaica es el mismo. Cada una tiene su precio y su evolución tecnológica. Por kilovatio/hora vertido a la red se paga cada vez menos. Las centrales fotovoltaicas que se construyeron en 2008 cobraban 450 euros megavatio/hora, mientras que las que se están construyendo ahora cobran 170 euros. Las eólicas, como tienen otro grado de madurez distinto, en 2008 cobraban 90 euros y ahora lo hacen por 89.

Parece una contradicción que un Gobierno como el del PSOE que siempre ha defendido las energías renovables tome este tipo de decisiones...

El PSOE siempre ha defendido o ha dicho defender las energías renovables pero los hechos desmienten esa percepción. Hay que constatar que el Gobierno ha aplicado al sector fotovoltaico medidas retroactivas. No había ningún problema en la reducción de las primas el año que viene porque se está produciendo una reducción de costes importante, pero el problema es que el Gobierno y los grupos políticos han ajustado inversiones que ya se habían realizado. Esto es lo realmente grave. Inversiones que se hicieron en 2008 viendo, según lo que recogía el BOE, que iban a cobrar 450 euros megavatio/hora. Con el decreto-ley aprobado esa cantidad sólo se aplica en el 70% de la energía que produzca y el restante 30% el precio se reduce un 90% de esa cantidad. De esta forma, los números no salen y no se pueden pagar la financiación de las inversiones que son a largo plazo.

Siendo un sector de pequeños inversores, ¿cuantos son los ahorradores afectados?

Existen un total de 55.000 instalaciones que han supuesto una inversión de 25.000 millones de euros por parte de unos 200.000 pequeños ahorradores. La situación es que con estas medidas no sólo van a perder los ahorros invertidos sino también su patrimonio personal, que garantizaba los avales de los créditos bancarios solicitados para realizar la inversión. A partir de septiembre, cuando se aplique el decremento acordado por el Ministerio de Industria se verán situaciones dramáticas. A ello hay que añadir las discriminaciones zonales que ha habido porque no es lo mismo la producción de una planta instalada en Andalucía que en Euskadi. Hay algunas a las que estos recortes les supone un 40% de sus ingresos y otras, un 10%. El promedio del sector está en una perdida del 27% de recorte de ingresos.

¿Cuál ha sido la reacción que han tomado tanto las asociaciones de productores como de inversores del sector fotovoltaico?

Desafortunadamente, no confiamos en la solución de este problema por la vía política. La única vía que nos queda es la judicial. Se ha hablado con la Comisión Europea para denunciar el incumplimiento de las directivas europeas por parte del Gobierno. También se ha recurrido al Tribunal Internacional de Arbitraje de Londres. Con el recorte fotovoltaico el Gobierno prevé ahorrar 2.200 millones de euros. Una cantidad que no servirá para pagar las indemnizaciones que quince fondos de inversión extranjeros han solicitado por un total de 5.000 millones de euros. Por otra parte, las regiones de Valencia y Murcia, han interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.