Vitoria. Las haciendas y las empresas vascas conocerán el próximo 9 de junio la sentencia sobre las vacaciones fiscales el próximo 9 de junio. Queda menos de un mes para zanjar una cuestión activada hace una década por resortes políticos pero reforzada posteriormente por los recelos que siempre ha tenido la Comisión Europea respecto a la autonomía fiscal vasca. Ayer se escribió en el Tribunal de Luxemburgo el epílogo judicial con la vista oral del último recurso presentado por las diputaciones. En este caso de las denominadas minivacaciones, cuyo fallo se conocerá más tarde pero no diferirá en los planteamientos de la de junio. Es decir, cuando se conozca la sentencia del próximo mes, para bien o para mal, la causa se habrá agotado. Por ello, al término de la vista, el diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga, dejó una reflexión como síntesis del largo proceso en el que la CAV se ha sentido "discriminada" respecto a otras comunidades. "Al final, la paradoja es que, mientras a las empresas riojanas se han aplicado en todos estos años normativas con mayor intensidad de ayuda y no han tenido que devolver nada, las empresas de Euskadi están devolviendo", lamentó.
Desde el inicio del proceso, las instituciones vascas han denunciado el pulso político que late tras la denuncia que presentó en su momento la Comunidad de la Rioja contra las vacaciones fiscales, su versión reducida y los créditos fiscales de hasta el 45% de la inversión. Navarra, con la misma autonomía fiscal y mecanismos similares para hacer frente a la crisis de los noventa, no generó los mismos recelos que la CAV.
"trato discriminatorio" Bruselas hizo suyos esos argumentos y consideró los incentivos ayuda de Estado, dando carta de naturaleza a un "trato discriminatorio" que ha desembocado en un largo enfrentamiento judicial. Ayer la Abogacía General del Estado apoyó los intereses vascos. Incluso recordó el diferente trato que han recibido Navarra y otras comunidades con incentivos semejantes por parte de la Comisión Europea.
También lo hizo en marzo en la vista de las vacaciones fiscales y ese cambio de estrategia de los servicios jurídicos del Estado ha despertado cierto optimismo en la parte vasca. De forma paralela a la causa judicial, el Ejecutivo europeo ha abierto un proceso paralelo para que Luxemburgo multe con 40 millones de euros al Reino de España por considerar que las empresas vascas no han devuelto todas las ayudas recibidas. Las diputaciones sostienen todo lo contrario, hicieron una valoración de las subvenciones, pasaron por el trago de pedirles a las empresas que las devolvieran y éstas lo hicieron.
Existen diferencias en torno al cálculo del dinero a devolver y Bruselas no ha querido confrontar los mecanismos utilizados. Una sentencia favorable el próximo 9 de junio desactivaría la multa. Si los incentivos no eran ayudas de Estado no habrá que devolverlas y no habrá lugar a la sanción por las diferencias de criterio entre la UE y Euskadi. Además, como recordó ayer el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Azpiazu, los empresarios han seguido siempre el dictado de las diputaciones. Lo hicieron cuando se acogieron a las ayudas pensando que eran legales y cuando se les exigió que devolvieran el dinero tras declararlas nulas Europa. Ingresaron en las haciendas vascas lo que se les reclamó, ni un céntimo menos.
