vitoria. El Congreso de los Diputados aprobó ayer crear la subcomisión de análisis y posible reforma del Sistema Hipotecario Español que estudiará las condiciones consideradas como abusivas en los contratos de créditos hipotecarios, para su posterior remisión al Gobierno. La Comisión de Vivienda aprobó por unanimidad la creación de esta subcomisión, que comenzará a trabajar en junio y espera poder tener un informe sobre la mejora del sistema hipotecario español que podría remitir en diciembre al pleno del Congreso para su aprobación.
La subcomisión estará formada por tres representantes de los grupos políticos con más de cien diputados y un miembro del resto de los grupos. El Congreso quiere elaborar un informe detallado de las cláusulas hipotecarias consideradas como abusivas, entre ellas las que establecen un "suelo" en el pago de las cuotas, un mecanismo que impide a los ciudadanos beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés a partir de un límite.
llaves por Hipoteca El enunciado de la subcomisión no alude explícitamente a la implantación de un sistema de dación en pago para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse sólo con la entrega de la vivienda, si bien la oposición ha anticipado su intención de hacer que el debate "pivote" sobre esta cuestión.
Así, los representantes de PP y ERC-IU-ICV han recordado que en junio de 2010 el Congreso aprobó, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley que exigía al Gobierno que evaluara el impacto económico de aplicar este sistema, para lo que le dio tres meses de plazo. Sin embargo, después de once meses, el Ejecutivo no ha cumplido el mandato de la Cámara, mientras que diversas sentencias judiciales han puesto en cuestión este sistema, también reprobado por diversas iniciativas ciudadanas.
El PSOE apuesta por solucionar "el exceso de endeudamiento de las familias". El PP quiere analizar la situación en otros países europeos para contemplar posibles traslaciones a un "sistema muy desproporcionado", como a su juicio es el español. CiU confía en que esta iniciativa sirva para solucionar un problema "dramático" para los ciudadanos como es el derecho fundamental a una vivienda digna.
Por su parte ICV acusó al Gobierno de "dar largas" a la consideración de la vivienda como derecho y le exige que actúe "ante un drama social fomentado por las entidades financieras ante la pasividad del Banco de España". Finalmente desde ERC se insiste en que el plazo de los trabajos no debe superar los seis meses, pues se exige "diligencia" para atender "una alarma social que nadie puede esconder".
