vitoria. Más de cuatro años ha tardado en ver la luz la Ley de Economía Social, una norma que empezó a gestarse por una subcomisión del Congreso de los Diputados que estuvo en funcionamiento durante 2007 y cuyo objetivo era el estudio de la situación de este sector en España y la propuesta de actuaciones para su fomento. Pero, obviamente, la iniciativa no surgió en el ámbito parlamentario, sino que con anterioridad la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ya había manifestado la necesidad de aprobar una ley en este ámbito.

Tal como señala la norma en su preámbulo, el Gobierno, por medio del Consejo para el Fomento de la Economía Social (creado por la Ley de Cooperativas de 1999) y con el acuerdo de Cepes, designó una comisión independiente de expertos que, en octubre de 2009 finalizó los trabajos de elaboración de estudio de una Ley de la Economía Social. Partiendo del informe de esa comisión y de la propuesta de Cepes, se procedió a la elaboración de un texto común que se trasladó a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el propio Consejo para el Fomento de la Economía Social, que el 29 de abril de 2010 manifestó su acuerdo mayoritario al texto. A lo largo del pasado año y el comienzo del presente el proyecto de ley ha seguido su tramitación parlamentaria hasta que el pasado miércoles fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

En el mismo preámbulo el legislador recuerda que el objetivo básico de la misma es "configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica".

reconocimiento jurídico Antes de la aprobación de esta nueva ley la economía social estaba recogida en la normativa de las cooperativas, tanto en la regulación estatal como en la autonómica. Ello significaba que la economía social no contaba con un reconocimiento jurídico propio e independiente que ahora sí existe con la norma que entrará en vigor a mediados del próximo mes.

La ley es pionera en Europa, donde en el entramado jurídico de la Unión se recogen los principios de la economía social pero no existen normas que lo expliciten, algo que tampoco ocurre en los estados miembros. El importante desarrollo de la economía social en el Estado español ha hecho inevitable que este sector cuente con una norma propia que plasme por fin los principios de la "primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, el control democrático de las entidades por sus integrantes, la solidaridad y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos y el destino de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a sus integrantes y del interés social".