Vitoria. Prudencia y cautela, pero con buenas sensaciones. Así abandonó ayer Luxemburgo a media tarde la delegación vasca tras la vista en la que el Tribunal de Justicia de la UE abordó el recurso presentado por las diputaciones y la Abogacía del Estado en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2009 del Tribunal de Primera Instancia europeo, que declaró ilegales los incentivos aplicados por las instituciones forales en los años 90, conocidos como vacaciones fiscales. El diputado de Hacienda alavés, José Luis Cimiano, que estuvo acompañado por el director del Departamento, Josu Zubiaga, insistió a la salida en la "falta de diligencia" de la Comisión Europea al tardar seis años en pronunciarse sobre si las ayudas eran del Estado o no. La misma tesis de "numerosos fallos de procedimiento" defendieron el representante legal de las tres diputaciones, Ignacio Saenz Cortabarria, y el abogado del Estado. A su juicio, el comportamiento del Ejecutivo de la UE fue "irregular" y constituyó un "trato discriminatorio" al exigir una recuperación de las ayudas que además es "excesiva".

Apoyo del Gobierno Español Cimiano también destacó la "bondad" del recurso planteado por las tres diputaciones y se mostró agradecido por el "peso" que significa el "respaldo del Gobierno español a nuestro favor". En cualquier caso, se mostró comedido y prudente ante el desenlace de la sentencia, que podría hacerse pública en los próximos tres meses. En la misma línea se manifestó desde Gipuzkoa su diputado de Hacienda, Pello González, que valoró el hecho de que la vista oral se centrara en "la cuestión formal" y en la actuación irregular que, a su entender, ha seguido este expediente en Europa. González insinuó que parece que hay "impulsos políticos que mueven a activar o desactivar" este expediente, que tiene "una trascendencia fundamental para los intereses de Euskadi" y que "no ha tenido un ciclo de vida como todos" los demás. González comentó que si hubiera una sentencia favorable, las diputaciones "tendrían que devolver al día siguiente todo el dinero recuperado a las empresas", que en el caso de Gipuzkoa sería unos 57 o 58 millones de euros y en el de Álava, cerca de 87 millones.

Iruarrizaga No obstante, González no alberga demasiadas esperanzas, ya que la sentencia de 2009 utilizaba los "mismos argumentos", como si fuera un "corta-pega", que los esgrimidos por la propia comisión.

La valoración de lo acontencido desde Bizkaia llegó de manos de su diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, que insistió al igual que sus colegas en la "falta de diligencia" de la Comisión porque "pese a tener conocimiento de una denuncia de 1994 no actuó hasta 2000, lo que constituye una indefensión". "Lo que decimos nosotros -añadió-, es que dada la situación que se ha producido, estas ayudas no deberían ser recuperadas. Es el debate y a lo que se está dando vueltas jurídicamente", concluyó.

La multa, según ELA Mientras tanto, desde la órbita sindical vasca el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, denunció que la "multa" de este proceso la van a tener que pagar "a escote los currelas" gracias la "política fiscal de nuestros diputados generales".